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Los archivos de la dictadura: cuáles son, dónde están y cuántos son públicos
A mediados de mayo, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley para crear en el Archivo General de la Nación (AGN) una sección destinada a reunir, organizar y conservar documentos relativos al “pasado reciente y a las violaciones a los derechos humanos”.
La decisión fue impulsada por el ministro de Defensa, Javier García, quien manifestó que era “necesaria para el conocimiento de la verdad total, sin intermediarios ni ediciones, y sin que nadie diga qué se puede leer y qué no”.
En su exposición de motivos, el proyecto dice que se busca “facilitar el acceso a los archivos que estén en poder del Estado en forma amplia y sin restricciones”, y menciona únicamente a los “archivos Berrutti” aunque habla de otros que en el futuro se “logren obtener”.
Estos archivos fueron encontrados en 2007 en la Escuela de Inteligencia del Ejército. Fueron producidos por el Servicio de Información de Defensa (SID) y reciben su denominación por el apellido de la entonces ministra de Defensa Azucena Berrrutti.
Son 1.500 rollos de microfilms, cada uno de miles de páginas en promedio, con copias de documentos producidos por diferentes dependencias de la inteligencia militar desde los inicios de la década de 1970 hasta la de 1990.
En un comunicado, la Asociación Uruguaya de Historiadores (AUH) criticó que se enviara un proyecto de ley cuando desde 2011 existe una sección de estas características en el AGN cuya función “refiere específicamente” a la custodia de los “archivos Berrutti”.
“Constituye el único fondo documental transferido de forma integral desde el Ministerio de Defensa al Archivo General de la Nación y su acceso ha estado regulado en favor de las investigaciones vinculadas con causas judiciales. Su reserva está fundamentada por la Ley de Protección de Datos Personales”, dice el documento firmado por la comisión directiva de la AUH.
El Observador informó a fines de mayo que el proyecto del gobierno alcanza a 153 conjuntos de documentos que en 2011 fueron declarados “reservados” por 15 años por el AGN.
A pesar de la reserva y de la custodia del AGN, el semanario Brecha publicó en su página web 14 mil documentos de este archivo en 2017, mientras que el proyecto Cruzar –una iniciativa de varias facultades de la UdelaR– tiene procesados 7.543. A su vez, desde el 18 de abril vienen publicándose otros miles bajo el rótulo “Archivos del Terror de Uruguay - Archivo SID (Berrutti)” en el sitio Archive.org.
La dispersión de los archivos
Este archivo es el único mencionado por el gobierno en su proyecto, pero es uno de los tantos que existen en Uruguay y están dispersos en instituciones públicas y privadas.
De acuerdo con una investigación coordinada por los historiadores Álvaro Rico y Vania Markarian hay al menos 17 instituciones públicas y 13 organizaciones privadas que tienen archivos de este período.
Dentro de las públicas, la investigación señala que hay 10 que otorgan libre acceso a la documentación que custodian y cuentan con profesionales archivólogos que se encargan de la gestión documental permitiendo la consulta mediante una “adecuada organización y sistematización de la información”.
Las 7 restantes son de “acceso restringido” y generalmente “discrecional" a familiares de las víctimas, algunos investigadores y funcionarios de la Justicia. “Se suele tratar de instituciones que custodian información de carácter ‘sensible’”, dice el libro titulado “Archivos y Derechos Humanos”.
Entre las 13 privadas, el 64% brinda un acceso libre a la documentación que custodia, mientras que el 36% lo restringe.
Además del Berrutti, el AGN tiene el archivo de los generales Líber Seregni y Víctor Licandro, entre otros.
A su vez, la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) recepcionó parte de la documentación depositada en el archivo histórico de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) entre 1968-1974. El Ministerio del Interior aún cuenta con otra parte de este archivo, que tiene “partes de novedades diarias hasta fichas patronímicas de miles de personas” entre otras informaciones.
En 2016, en tanto, integrantes del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (que depende de la Inddhh) accedieron al archivo de los Fusileros Navales de la Armada (Fusna), una colección que se encontraba en un depósito del edificio de Prefectura Naval en el Puerto de Montevideo.
El Poder Judicial tiene la custodia del ‘archivo Castiglioni’, el cual es reservado. Fue incautado en octubre de 2015, tras la muerte del coronel retirado Elmar Castiglioni. El material incluye decenas de cajas con archivos de inteligencia del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y el SID.
Por último, en 2021 el Ministerio de Defensa publicó en su página web seis libros y dos carpetas de 1.650 folios con información sobre acciones militares entre inicios de 1970 y 1986. El material fue encontrado en el Grupo de Artillería número 5 del Ejército.
El proyecto y los documentos
A pesar de que aún no fue tratado por el Parlamento, el proyecto del gobierno ya provocó controversias.
El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se mostró de acuerdo “siempre y cuando” las personas no sean “revictimizadas”, algo que –según el gobierno– está garantizado porque el artículo 2 señala que se mantendrá la “reserva de los datos” vinculados a la “vida privada y el entorno familiar de los individuos”. También habrá reserva sobre la información que pueda ser considerada “sensible o pasible de afectación a terceros” de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales.
Tras los comentarios de Pereira, el ministro de Defensa, Javier García, dijo que era "notoria" la resistencia y el "nerviosismo" en ciertos sectores ante la liberación de esta información.
El historiador y exdecano de la Facultad de Humanidades, Álvaro Rico, dijo a El Observador que era “importante” el traslado de lo “militar a lo civil” pero pidió “facilitar la organización de la información”, considerando que debe ser “libre pero de acceso responsable”. A su vez, la historiadora Vania Markarian, que está al frente del Área de Investigación Histórica del Archivo General de la Udelar, señaló que no había gran “novedad” en el proyecto del gobierno y reiteró que existe “mucha discrecionalidad” y acceso “fragmentario” a los archivos.
La Asociación de Historiadores, en tanto, criticó que el proyecto no establezca las “potestades y los recursos” que se destinarán a la nueva institucionalidad ni a la Agesic. También dijeron que no explicita cómo será interpretada la Ley de Datos Personales ni cuáles serán los “fondos documentales afectados”.
“El proyecto presentado por el gobierno parte del supuesto que la mera divulgación mediante copias digitales puestas en línea aporta la verdad sobre lo ocurrido en el pasado, sin tener en cuenta que estos documentos no son ‘verdades sobre los hechos’, sino el resultado de una metodología de recolección de datos que constituyó una política represiva en sí misma”, dice la declaración, que pide minimizar el “riesgo de usos difamatorios”.
