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Luis Arce gobernará Bolivia con un presupuesto no aprobado por el Congreso
El Presupuesto General del Estado (PGE) de Bolivia entró en vigencia en virtud de una ley que activa su validez después de 60 días sin que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobara la iniciativa del Ejecutivo, situación generada debido a las diferencias dentro del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), y entre este y la oposición.
La ley establece la vigencia del PGE del "1 de enero al 31 de diciembre de 2024" y su aprobación al margen de la autorización del parlamento está prevista en la Constitución.
Según lo informado por el gobierno del presidente Luis Arce, enfrentado con el líder histórico del MAS, Evo Morales, el presupuesto rige por un importe total agregado de US$ 48.896 millones y un consolidado equivalente a US$ 38.154 millones.
El proyecto de presupuesto fue entregado al parlamento a principios de noviembre pasado, pero se empezó a debatir recién en diciembre entre las múltiples enmiendas propuestas por el bloque del oficialismo que respalda al expresidente Morales y las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos, lo que hizo imposible su aprobación al no llegar a acuerdos.
La Cámara de Diputados excluyó un artículo referido a un nuevo endeudamiento del país por US$ 700 millones y lo remitió a la Cámara de Senadores, que a su vez excluyó otra cláusula referida a la autorización de otro artículo referido al endeudamiento, en este caso por US$ 2.000 millones, además un artículo que pretendía modificar dos leyes.
Luego que Creemos, Comunidad Ciudadana y la fracción de Morales rechazaron el proyecto en el seno de la ALP, el vicepresidente David Choquehuanca "impuso" la aplicación del receso legislativo sin la constitución de una comisión especial que funcionara durante el período de inactividad parlamentaria para continuar con el debate.
De esa manera, el oficialismo aguardó a que se pusiera en vigencia en forma automática el presupuesto, que contempla un crecimiento de 3,7% con respecto al del año pasado, una inflación proyectada del 3,6% y una inversión pública de US$ 4.272 millones, de los cuales un 56% se destinarán al sector productivo y un 22% al área social, que incluye principalmente educación, salud, seguridad social y cultura.
En paralelo al debate legislativo, Morales renovó sus críticas a Arce, a quien acusa de “conspirar" con "la derecha" para “proscribir” su candidatura presidencial en 2025, luego que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) lo inhabilitara para presentarse como candidato a un nuevo mandato, tras ejercer durante tres periodos seguidos entre 2006 y 2019.
El tribunal dictaminó que tanto el presidente, como el vicepresidente y otros cargos electivos no pueden ejercer más de dos mandatos, ya sea de forma continua o discontinua, en un fallo sin posibilidad de apelación que estipula que la reelección indefinida "no es un derecho humano".
El dictamen comunicado por el tribunal boliviano anula otro emitido por el mismo Constitucional en 2017, cuando los anteriores magistrados autorizaron a Morales a presentarse para otro mandato, con el argumento de que se trataba de un "derecho humano".
Ese fallo generó controversia, ya que la Constitución establece que nadie puede gobernar el país por más de dos periodos consecutivos y, en 2016, los bolivianos rechazaron en un referendo modificar la Carta Magna para habilitar una nueva postulación.
Morales finalmente se presentó en 2019 para un cuarto mandato, pero ese mismo año renunció en medio de convulsiones sociales con acusaciones de fraude electoral nunca probadas por parte de la oposición y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
(Con información de agencias)
