Miles de personas marchaban por las calles de Santiago y otras ciudades de Chile en respuesta a un llamado a huelga general en medio de las masivas protestas desatadas hace seis días con saldo de 18 muertos, pese a los gestos de conciliación del presidente Sebastián Piñera.
Estudiantes, jubilados, profesores, funcionarios públicos y miembros de los servicios de salud pública acogían el llamado de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otra veintena de organizaciones sociales, en medio del estado de emergencia y el toque de queda que rige en el país desde hace cuatro días, y que fue extendido a la noche de este miércoles, en el peor estallido social en Chile en al menos tres décadas.
El paro fue convocado para repudiar la decisión de Piñera de poner al país en estado de emergencia y toque de queda, y recurrir a los militares para controlar las manifestaciones, incendios y saqueos registrados en Santiago y otras ciudades.
A la cifra de muertes, hasta el martes de 15 personas, se sumaron tres más, entre ellos un niño de 4 años, para elevar el saldo este miércoles a 18 fallecidos, según el último balance del Gobierno.
El niño y un hombre murieron cuando un conductor en estado de ebriedad embistió su vehículo contra un grupo de manifestantes, mientras que otra persona pereció tras recibir una golpiza de la policía, según denuncian sus familiares, de acuerdo al inforrme del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
"Demandamos al gobierno restituir la institucionalidad democrática, que en primer lugar significa deponer el estado de emergencia y devolver los militares a sus cuarteles", indicó un comunicado de los movimientos, difundido el martes.
Los operarios portuarios paralizarán las localidades costeras y los poderosos sindicatos de las mineras de cobre –del cual Chile es el mayor productor mundial— analizaban su adhesión.
Los sindicatos coinciden con el descontento social instalado en Chile, que se encendió por el alza —luego suspendida— de 3,75% del precio de la tarifa del metro en Santiago, pero derivó en un mayor movimiento que pone sobre la mesa otras demandas sociales: sobre todo las bajísimas pensiones del sistema privado que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Un estudio divulgado este miércoles por la empresa Ipsos, indica que 67% de los encuestados "se cansaron de sus condiciones de vida en materia económica, de salud y pensiones", que perciben como "desiguales e injustas".
Jaqueado por una indignación popular que parece lejos de aplacarse, Piñera pidió "perdón" el martes en la noche y reconoció su "falta de visión" para anticipar el estallido, cambiando el tono dos días después de afirmar que el país estaba "en guerra".
El mandatario además anunció un paquete de medidas, entre ellas mejorar las pensiones de los más pobres, suspender un aumento del 9,2% de las cuentas de la luz, complementar el salario mínimo, establecer un seguro para la compra de medicamentos y la imposición de mayores impuestos a sectores de mayores ingresos.
También planteó reducir las dietas de los parlamentarios y altos sueldos de la administración pública, junto a la disminución del número de congresistas y limitación de reelecciones.
Pero las medidas no dejaron satisfecho a gran parte de la población.
"Me parece absolutamente una burla. Cree que con esto va a calmar al pueblo? No, no lo va a calmar, esto va seguir, porque no nos vamos a quedar callados", dice a la AFP, Ximena Gutiérrez.
"Él (Piñera) siempre ha sido mentiroso para decir las cosas, y ahora que quedó ya la embarrada (el problema), está pidiendo perdón", afirma por su parte Carlos Morales, de 23 años.
"Lo importante es que haya un cambio radical de nuestra institucionalidad política que está cuestionada, está en crisis. Hoy veremos la respuesta de la sociedad civil si está conforme o no con el anuncio del presidente", dijo a radio Cooperativa Camila Vallejo, exlíder estudiantil y diputada del Partido Comunista.
La crisis complica el normal desarrollo de las actividades de los 7,5 millones de habitantes de Santiago, donde el transporte público se restablece poco a poco.
Las filas se multiplicaban frente a las estaciones del metro que este miércoles habilitó parcialmente tres líneas, apoyadas por cerca de 5.000 autobuses y taxis. En tanto, comercio y bancos funcionan de manera intermitente, mientras las clases seguirán suspendidas en siete de las 52 comunas capitalinas.
Durante la madrugada, Santiago y otra decena de ciudades vivieron el cuarto toque de queda desde que comenzó el conflicto. Unos 20.000 militares y policías realizaron controles a vehículos y personas, mientras se registraron disturbios y accidentes aislados.
Cientos de chilenos residentes en países como Argentina, Francia y España también salieron a las calles con banderas y lienzos para apoyar las manifestaciones.
En tanto, el papa Francisco manifestó su preocupación por la crisis y llamó a "encontrar soluciones" a través del diálogo.
El estallido social suma 15 fallecidos, cuatro por balas disparadas por fuerzas de seguridad, según el gobierno y la Fiscalía.
Unas 269 personas han resultado heridas –137 por armas de fuego– y cerca de 1.900 han sido detenidas, según un último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Fuente: AFP
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