Nueve de los 11 detenidos en el marco de un operativo desarrollado en un complejo de vivienda de Casavalle el pasado lunes, fueron imputados este martes por un delito de usurpación en régimen de reiteración real y robo de energía eléctrica. La Fiscalía acordó con siete de ellos la suspensión condicional del proceso –a través del cual podrán quedar sin antecedentes si cumplen una serie de condiciones- por la que se verán obligados a abandonar la vivienda que usurpaban y presentarse en la seccional una vez a la semana, al tiempo que no podrán acercarse al complejo donde se encontraban los apartamentos que ocupaban.
En tanto, una mujer–poseedora de seis antecedentes penales- fue condenada a cuatro meses de prisión. Previo a la audiencia la mujer intentó suicidarse, pero al momento de comparecer ante el juez firmó el acuerdo al que había llegado horas antes con la fiscalía y que implicaba admitir su culpa en el delito de usurpación y robo de energía eléctrica.
Asimismo un hombre de 60 años, poseedor de 12 antecedentes penales y tío de Mónica Sosa, la mujer señalada como líder de la banda de los Chingas, fue condenado a la pena de cinco meses de libertad vigilada. El hombre no fue a prisión porque su último antecedente es demasiado antiguo para ser considerado reincidente.
Este hombre, además, es investigado por haber amenazado de muerte a una mujer, a la que le apuntó con una pistola 9 milímetros y la obligó a dejar su vivienda. La víctima de esta amenaza abandonó la zona y está siendo protegida por la Unidad de Víctimas de la Fiscalía.
El operativo de este lunes, que incluyó 17 allanamientos en un complejo de Aparicio Saravia y San Martín, se originó a partir de una denuncia de la Agencia Nacional de Vivienda en la que se notificaba que algunos apartamentos habían sido ocupados ilegalmente, al tiempo que quienes residían en ellos estaban colgados de la luz.
Para la entrega de las viviendas el Ministerio del Interior desarrollará un nuevo operativo este miércoles a las 17:30. Además, se hará un inventario de los bienes incautados en las propiedades.
El caso fue investigado por la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, debido a que algunas de las personas condenadas este martes, tenían vínculos con las actividades ilegales de la banda de Los Chingas. Este grupo criminal fue el que inauguró los Operativos Mirador, con los que el Ministerio del Interior intenta frenar el avance de bandas que buscan hacerse del control territorial para desarrollar sus actividades ilegales.
En algunos de estos operativos desarrollados en Los Palomares la policía logró condenar a decenas de personas por delitos de usurpación de viviendas. Los originales propietarios de esa vivienda habían sido expulsados a punta de pistola por integrantes de Los Chingas.
Solo en 2017, este grupo criminal expulsó a 110 vecinos.
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