Política > Iniciativa con apoyo Papal
Organizaciones sociales y jueces argentinos proponen el "uso social" al decomiso
El juez argentino Sebastián Casanello junto a organizaciones sociales, religiosas, sindicales avanzaron en la creación de una ley de “bien restituido” destinada a disponer “el uso social de los bienes recuperados al crimen organizado”.
La iniciativa es financiada por la Unión Europea y apunta a “la presentación de un anteproyecto de ley ante el Congreso con el objetivo de crear un sistema racional y transparente que promueva la reutilización social y económica de los bienes cautelados y decomisados del crimen organizado”.
Casanello, en su calidad de asesor técnico-legal, explicó que “este proyecto de administración de bienes, nacido de la sociedad civil, está pensando en la gente. Es una manera de hacer participar a la sociedad civil de la solución del conflicto penal. Es una manera de empoderar a la ciudadanía”.
“En cada caso, habrá un fiscal que investigue, un juez que dicte sentencia, pero con este proyecto se busca también que haya una reparación, pensando en que los bienes recuperados deben volver a la ciudadanía”, agregó.
El proyecto cuenta con el apoyo y la participación de la organización internacional Scholas Ocurrentes, apoyada y promovida por el Papa Francisco, y la Fundación Catedral de la Fe, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular (RITEP), la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR).
También participan de la iniciativa la Red Impuestos, Control y Justicia (ICJ), la Fundación Fundar, la Asociación De Fiscales Y Funcionarios Del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) y la Asociación de Jueces Federales (AJUFE).
Durante un encuentro realizado en la sede de Cáritas, los intervinientes discutieron “acerca de distintas aristas relacionadas a la restitución social de bienes recuperados del delito, impulsadas por la necesidad de materializar un conjunto de nuevas leyes y protocolos, con una mirada y un pragmatismo moderno, preciso, con perspectiva económica y de género”.
La idea es avanzar en “un amplio consenso que permita avanzar en el desarrollo y posterior aprobación de una ley para combatir el crimen organizado a través del recupero de activos para reutilizarlos con orientación social, poniendo en un primer plano a la ciudadanía”, explicaron los impulsores.
