La Justicia acaba de procesar a dos personas acusadas de espiar al exagente de inteligencia Antonio Stiuso y a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, exmujer de Alberto Nisman el día que el fiscal murió asesinado según el expediente.
Se trata de Pablo Palá y Alexis Lesa a quienes se les detectó que ingresaban a los sistemas migratorios para tomar de allí información de Stiuso y Arrogo Salgado. En su defensa alegaron que hacían actividades comerciales lícitas que desplegaban en materia informática, pero el juez federal Julián Ercolini, a cargo de la causa, no les creyó y los proceso por violación de la ley de inteligencia.
La investigación que llevó a los procesamientos data del año 2015 cuando la actual candidata a Presidenta, Patricia Bullrich, junto a la dirigente Laura Alonso, recibieron una denuncia anónima de alguien que se presentó como "miembro de los servicios de inteligencia" y denunció una sistema para espiar a jueces, políticos, fiscales y periodistas, todos como eje común ser opositores al entonces gobierno de Cristina Kirchner.
Junto a la denuncia Bullrich y Alonso entregaron a la Justicia un listado de nombres de los espiados, su número de documento, y la fecha de nacimiento. En ese listado aparecían integrantes de la Corte Suprema, varios jueces y fiscales federales, y políticos opositores entre los que se destacan dirigentes del Partido Obrero, más Lilita Carrió, el actual candidato a Presidente, Sergio Massa y Felipe Solá, Francisco De Narváez, Ricardo Alfonsín y José Manuel De la Sota. Empresarios como José De Mendiguren, hoy funcionario del Gobierno o Sebastián Sánchez Sarmiento, de Ausol, además de muchos directivos del Grupo Clarín y sus empresas.
En el procesamioento se demostró las consultas sobre Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman; y el ex jefe de Contrainteligencia de la SIDE Stiuso, que había sido desplazado días antes por el gobierno de Cristina Kirchner, en el marco de una reforma del organismo que pasó a llamarse AFI.
La Cámara Federal confirmó la decisión de Ercolini: “Sea cierto o no que –paralelamente- poseían algún emprendimiento de ese tenor, la lógica de los acontecimientos los muestra cuanto menos empleando esos medios para realizar –en connivencia o bajo órdenes de otros- actos enmarcados en conductas caracterizadas por la clandestinidad y el secreto”, señaló en su fallo al que accedió Infobae.
Desde un primer momento el exagente Stiuso se presentó como querellante y sostuvo, en el expediente, que "que los monitoreos sobre sus movimientos y los de su familia estaban relacionaba a una persecución llevada adelante por autoridades -de ese entonces- de la Secretaría de Inteligencia y de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y por sus superiores".
Desde su salida de la SIDE, Stiuso fue denunciado en varias ocasiones por el gobierno de Cristina Kirchner que lo culpó de varios delitos. Lo cierto que el hombre fuerte de la inteligencia argentina partió con rumbo a los Estados Unidos hasta que asumió el gobierno de Mauricio Macri, cuando volvió al país.
Stiuso señaló que los imputados Pala y Lesa realizaron tareas de inteligencia sobre su persona y de Arroyo Salgado, desde el mismo de la muerte del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman: “Lo que aquí se demostró y a Pala y Lesa se les imputa, son maniobras que me afectan a mí y que también han afectado a la Dra. Sandra Arroyo Salgado, dato éste no menor, por cuanto no cabe otra opción (habida la fecha en que sucedieron los hechos, desde el 18 y hasta el 30 de enero de 2015) que entrelazar todo con la muerte del Fiscal Alberto Nisman”.
Y agregó: “Las búsquedas en la base de datos de Migraciones respecto de mi persona comienzan el mismo día 18 de enero de 2015 a las 16;14;19 hs. y 16:14:17 hs., es decir cuando ‘aún no se sabía” lo que había ocurrido en el interior del departamento del Fiscal Nisman en Puerto Madero”.
El propio juez Ercolini que procesó a estas dos peronas, tiene a su cargo la investigación de la muerte de Nisman y el 26 de diciembre de 2017 concluyó en base a un peritaje de Gendarmería que el fiscal había sido asesinado.
En su fallo, Ercolini afirmó que la muerte del fiscal, ocurrida en enero de 2015, "no obedeció a un suicidio" y que "habría sido producida por terceras personas y en forma dolosa". En el mismo escrito procesó al ingeniero en informática Diego Lamgomarsino como partícipe necesario por llevarle la pistola Bersa Thunder calibre .22 a Nisman y fue justamente con este arma que se produjo la muerte de un disparo en la cabeza.
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