La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (Ades), sindicato de profesores de Montevideo, decidió este jueves en asamblea suspender la resolución tomada días atrás de paralizar automáticamente sus actividades cada vez que hubiera una citación judicial por el caso del desalojo del Codicen. En el caso de que hubiera algún procesado pararían 24 horas.
Luis Martínez, dirigente de Ades, dijo a El Observador que a pesar de la resolución el conflicto sigue en todos sus términos y que el sindicato continuará apoyando política, judicial y financieramente a los indagados.
Esta decisión se suma a la que tomó el miércoles la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) en Montevideo, que también resolvió no parar más por cada citación judicial que haya. En su lugar Afutu realizará un "acompañamiento" de los paros con aquellos funcionarios que estén "más libres" y no afectar así el desarrollo de las clases, explicó a El Observador Ruben Figueroa, secretario de prensa de Afutu. "Nosotros vamos a paralizar, pero sin dejar de dar clases. Vamos a concurrir -a las manifestaciones- con los compañeros de turno que estén, por ejemplo, en horas puentes", agregó.
Afutu Montevideo resolvió mantener una guardia gremial para asistir a los juzgados cada vez que comparezcan los detenidos por la desocupación del Codicen. En cuanto al motivo de suspender la decisión que se había tomado previamente, Filguera expresó que se trata de una estrategia para "cambiar los aires" que en estos momentos se encuentran "crispados" y evitar que se pierdan clases.
"Estamos quedando de rehenes entre lo que decide la Justicia y el Poder Ejecutivo, que convoca a los padres a mandar a sus hijos a clases", expresó el secretario de prensa de Afutu a El Observador.
La directora de Secundaria, Celsa Puente, exhortó a los padres a mandar a sus hijos a los liceos a pesar de los anuncios de paros realizados por los docentes. Puente dio el argumento de que cerca del 70% de los profesores no se estaban uniendo a las decisiones gremiales y estaban dando clases. Luego, el presidente Tabaré Vázquez se unió al pedido y aseguró que el gobierno iba a garantizar que los centros de estudio estuvieran abiertos.
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