Por estos días el Ministerio de Ambiente estudia un proyecto inmobiliario de privados que pretende levantar 29 edificios de apartamentos en la península de Punta Ballena, informó el Correo de Punta del Este y confirmó a Café & Negocios el subsecretario de la cartera, Gerardo Amarilla.
Hace 20 años Punta Ballena fue el motivo de un juicio entre los sucesores de Antonio Lussich –personalidad histórica de Maldonado– y la Intendencia de Maldonado, ya que los primeros aseguraron que la comuna se apropió de las tierras para construir sobre ellas la actual ruta panorámica.
Gran atractivo turístico para locatarios y extranjeros que llegan a la bahía de Portezuelo, las tierras que se parecen al lomo de una ballena tienen dueño. En 1896 Antonio Lussich desembarcó por primera vez en la bahía de Portezuelo y en 1898 compró 1.200 hectáreas, que luego extendió a 1.900. El entonces empresario naviero compró tierras que iban desde el Arroyo del Potrero hasta la Sierra de la Ballena.
Muchos años después sus herederos realizaron un juicio contra la intendencia departamental luego de que esta, en la época de 1970, utilizara parte de las tierras (las que están sobre la península) para construir la ruta panorámica.
Amarilla recordó el caso judicial a Café & Negocios y contó que los Lussich tenían derechos de propietarios, por lo que la actual ruta panorámica “está sobre suelo privado”.
En el juicio, los herederos de Lussich reclamaron 20 hectáreas entre las que se incluía parte de la playa en la zona de las grutas, las grutas mismas –donde años antes funcionó un centro bailable–, y la punta de la península.
Según data en una última sentencia de la Suprema Corte de Justicia a la que accedió Café & Negocios, los sucesores de Lussich reclamaron la propiedad de las tierras y en primera instancia la Intendencia se negó en parte proclamando que "la cumbre de la Sierra de la Ballena y la playa de Las Grutas son bienes del dominio público y por ende fuera del comercio de los hombres”.
La Justicia determinó que solo 11 de aquellas 20 hectáreas les pertenecían, y de esa manera comenzó una transacción entre los demandantes y la Intendencia.
El gobierno departamental pidió que la ruta panorámica, la bajada donde se practica parapente y la bajada de los pescadores quedaran como lugares públicos.
La Suprema Corte estableció qué parte de las tierras era de propiedad privada y qué parte sería objeto de una transacción con la Intendencia. En 2012, durante el gobierno departamental de Óscar de los Santos, se acordó la transacción, y en 2014 se firmó, recordó la directora de Asuntos Legales de la intendencia fernandina Adriana Graziuso.
En esa transacción los Lussich se comprometieron a dejar abierto al espacio público ciertos lugares como la ruta panorámica y los miradores a cambio de que se les permitiera fraccionar y construir en la zona, lo que está supeditado a permisos ambientales. Para cumplir finalmente con la transacción es que el Ministerio de Ambiente está estudiando el proyecto presentado.
“El Ministerio de Ambiente no era parte del juicio, pero en nuestra cartera teníamos la llave para permitir que eso se concretara o no. Éramos ajenos al juicio y lo podíamos facilitar o hacer caer. Si lo hacíamos caer ellos (los herederos) podían alambrar el predio y a menos que el Estado nacional lo expropiara pagando el ajuste de previa compensación que establece la Constitución se terminaba el paseo de Punta Ballena”, recordó Amarilla.
Esta no es la primera vez que este proyecto inmobiliario se presenta ante el Ministerio de Ambiente. En la administración anterior, cuando el organismo rector era el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, también se presentó, pero técnicos lo analizaron y pusieron varios reparos. Luego se corrigió y se volvió a enviar.
Para poder concretar el ambicioso proyecto inmobiliario se necesitan varios permisos.
Soledad Laguarda, directora general de Urbanismo de la Intendencia de Maldonado, explicó a Café & Negocios que para poder construir en esas tierras se necesita primero un permiso del Ministerio de Ambiente (porque todo fraccionamiento mayor a 10 hectáreas requiere una autorización ambiental previa) y luego la habilitación de la Intendencia para poder fraccionar, crear lotes y asignarles un número de padrón.
Según consta en el proyecto presentado por los privados al Ministerio el plan es construir los 29 edificios en seis padrones, confirmaron fuentes de la cartera.
Siguiendo la normativa departamental vigente los edificios no podrán ser de más de siete metros de altura con respecto a la recta de comparación, una recta de referencia que es inclinada y tiene que ver con la pendiente del terreno.
El proyecto de fraccionamiento y construcción ya fue categorizado en el Ministerio como “Categoría C” lo que implica que para aprobarse debe pasar por una evaluación ambiental, por estudios de impacto ambiental y por una audiencia pública, detalló el viceministro.
Una vez que los técnicos de la cartera estudien la iniciativa, el documento con todos los detalles sobre la misma se publicará en la web del ministerio para que las personas opinen sobre ella antes de que las autoridades tomen la decisión de aprobarla o no. Amarilla sostuvo que en un proyecto “que tiene tanta sensibilidad social” la participación de la sociedad será muy importante e influyente en la decisión que se tomen sobre su autorización.
Una vez que todos los pasos estén listos los privados podrán pedir permiso a la Intendencia para construir, detalló la directora de Urbanismo, quien confirmó que la dirección no ha recibido aún ninguna solicitud de construcción para esa veintena de edificios en Punta Ballena.
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