¿Quién no quiere que suban las pasividades?

Pero esa pregunta, junto con otra parecida que dice “si usted quiere jubilarse a los 60 años, firme por el plebiscito”, no tienen respuestas fáciles. Por de pronto, el oficialismo de la Coalición Republicana, no acompaña esta iniciativa del PIT-CNT. Y dentro del Frente Amplio tampoco hay gran entusiasmo con la propuesta. Tanto es así que no se pronunció ni a favor ni en contra de la convocatoria a plebiscito constitucional y dio “libertad de acción” a sus militantes (como si ellos no la tuvieran). Es que, existe un amplio consenso que si esta propuesta llega a  aprobarse en octubre, tendrá un efecto devastador en la economía uruguaya  y en la propia seguridad social que pretende hacer mejorar.

Es muy fácil apelar a un eslogan que dice “si usted quiere jubilarse a los 60 años, firme por el plebiscito”. O, “si usted quiere que mejoren las jubilaciones y pensiones más bajas, firme por el plebiscito”. En efecto, quien podría no desear jubilarse a los 60 años (y por qué detenernos en 60 y no buscar algo más ambicioso como jubilarse a los 55 o a los 50, ya que estamos con ánimo reformista y benefactor)? ¿Quién se opone a que las jubilaciones más bajas suban? (Y, ya que estamos, podrían subirse todas las jubilaciones).

Con todo, quien esto proponga, debería decir de “dónde” se obtendrán los recursos para financiar lo que claramente es mayor gasto, bien sea por mayor esperanza de vida y por tanto mayores prestaciones a cargo del sistema de seguridad social, bien sea por aumentar las pensiones y jubilaciones menores. Si no se especifica el “cómo se financiarán estas erogaciones”, no tiene sentido preguntar al electorado si desea más y mejores beneficios. Es como preguntar a una persona si prefiere “ser rico y sano o pobre y enfermo”.

Esto sin considerar los daños que hará a la economía esta reforma. Por un lado, porque  aumenta al barrer beneficios previsionales, algo que desestabilizará la ecuación fiscal. Y por otro lado, porque persigue derogar el sistema de capitalización individual de las AFAPs, que ha funcionado muy bien desde su instalación en 1996 en combinación con el sistema de reparto. Ello, además de romper las certezas jurídicas que dieron al país durante más de 28 años varios gobiernos de distinto signo político, hará daño el prestigio que el país ha adquirido como buen lugar para invertir por su solidez institucional, la existencia de reglas claras y el rechazó a cambios y vaivenes de 180 grados. Por algo, los tres gobiernos del FA no derogaron las AFAPs y tampoco figura en el programa del FA.

Por alguna razón, a esas dos preguntas sobre beneficios jubilatorios que cualquiera a primera vista daría su aprobación, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se ha mostrado reticente. Dijo que hasta ahora no “ha firmado” para convocar el plebiscito. Y continuó: "La papeleta me la han acercado mil veces. Yo soy racionalista. Firmo si estoy convencido. Tengo muchos argumentos para no firmar, algunos para firmar. Si me apurás hoy lo más probable es que no firme". Luego matizó su postura y señaló que “Cometí un error al decir que si fuera hoy no votaría, me estoy haciendo una autocrítica ....porque lo estoy pensando......”. En fin, ante las preguntas de Victoria Rodríguez en el programa “Esta boca es mía” no quiso expresarse si está a favor o en contra de la eliminación de las AFAPs y del plebiscito en su conjunto.  Sea como sea, lo está pensando. 

Y esa duda del presidente del FA nos lleva a pensar que la respuesta a las tres reformas que incluye el plebiscito (edad jubilatoria mínima a los 60 años, elevar jubilaciones y pensiones mínimas que derivaran en un aumento de gasto en US$ 1000 millones, y eliminación de las AFAPs) no tiene una respuesta simple. Si lo fuera, nos solo el FA sino todos los partidos estarían apoyando calurosamente esta reforma y no es así. 

Porque con el mismo argumento que ahora se propone aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas, se podría proponer el aumento del salario mínimo a la cifra de US$ 1.000 mensuales. Y hasta ahora nadie lo está proponiendo aunque, si se aplica la misma lógica del plebiscito sobre seguridad social, sería fácil proceder a mejorar salarios por vía constitucional. Sin embargo, todos saben los efectos nocivos que semejante iniciativa tendría sobre el empleo, la salud de muchas empresas privadas y las finanzas públicas. Por eso, ni aún los más radicales del movimiento sindical se han animado a proponerla.

El asunto no es el “qué” sino el “cómo”. Y allí, por de pronto, los que inspiran la iniciativa plebiscitaria se callan. O dicen vagamente que hay que aumentar impuestos sobre el capital. ¿A qué? Aumentar los aportes patronales, el impuesto al Patrimonio, el impuesto a la renta. Introducir el impuesto a las herencias. Eliminar exoneraciones de todo tipo y color, pensando que las actividades y empresas que las usufructúan van a seguir en el país o van a incrementar su actividad. Ya se ha visto, incluso durante los gobiernos del FA, que sin exoneraciones esas inversiones no hubieran venido al país.
Pero además, aun suponiendo que hubiera margen para subir la carga impositiva sin desalentar la creación de empresas y empleos, ¿debe ir el dinero al sistema de seguridad social? ¿Y para la educación, nada? ¿Y para la salud? ¿Y para la primera infancia? ¿Y para acabar con la marginalidad?

Si estoy dispuesto a ser generoso con las pasividades, debo presentar el costo de dicha propuesta y la forma de financiarla y enfocarlo dentro de las necesidades de otros sectores. 

Solo así, el electorado puede tomar una decisión informada sobre lo que se lo consulta. Lo otro -hablar solo de beneficios sin especificar de dónde vendrán los recursos para costearlo- es pura palabrería y demagogia. No es arte de buen gobierno y siguiendo ese camino se acaba como Argentina, que estatizó su sistema previsional privado en 2007 y ahora se quedó sin fondos privados para las jubilaciones y con pasividades mucho más bajas que las vigentes en ese año, y con una inflación rampante.

No hay que ir mucho más lejos para ver a dónde nos puede llevar la aprobación de este plebiscito. Si no queremos llegar a ese estado, ya sabemos lo que tenemos que hacer: no firmar por el llamado a consulta popular y poner las barbas en remojo cuando vemos las de nuestro vecino pelar. Y si alguno discrepa con la reforma de la seguridad social que implementó el actual gobierno, tiene toda la posibilidad de derogarla o modificarla mediante otra ley. Con o sin dialogo social previo, que ya lo hubo.