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Se remata el avión presidencial: hubo solo un interesado, pero aún no pagó la seña

El precio base son US$ 350 mil, un tercio de lo que pagó el gobierno cuando lo compró hace dos años
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15 de julio de 2020 a las 05:02

Este miércoles se realizará el remate del avión presidencial, adquirido en febrero de 2018 por el gobierno de Tabaré Vázquez al empresario Carlos Bustin, aunque las probabilidades de que la subasta finalice con un nuevo dueño son realmente pocas.

Hasta la noche de este martes, solo una persona de nacionalidad estadounidense se había registrado para participar del evento, pero ni el Ministerio de Defensa ni la Asociación Nacional de Rematadores habían recibido la documentación que acreditara que pagó al Banco República los US$ 35 mil dólares correspondientes a la seña.

“Sinceramente y con la experiencia que tengo dudo que se pueda vender. Si no hay oferta se frustrará”, dijo a El Observador, Mario Molina, el presidente de la asociación y quien será el encargado de golpear el martillo desde las 15 horas. En caso de que esto ocurra, el Ministerio de Defensa deberá decidir qué hace: si busca venderlo de otra forma o mantenerlo dentro de la flota de la Fuerza Aérea.

El llamado oficial de la subasta señala que el “plazo máximo” para realizar el depósito de la seña era el 10 de julio a las 23:59 horas. 

El precio base del remate son US$ 350 mil, un tercio de lo que pagó el gobierno de Vázquez (US$ 1.010.000) para que sea una aeronave multipropósito. La enajenación será mediante Remate Público Internacional en doble modalidad, presencial y en línea (por la plataforma www.invaluable.com), al alza con base en dólares estadounidenses y al mejor postor. 

Molina contó que recibieron 15 consultas por correo electrónico, referidas a las características técnicas, el protocolo de la nave, los informes técnicos, los motores y las bitácoras de vuelo. Desde la Fuerza Aérea informaron que ninguna persona fue hasta el hangar ubicado en el Aeropuerto de Carrasco para verlo personalmente.

El avión es un jet Hawker modelo HS 125-700 del año 1979 con 13.500 horas totales de vuelo.Tiene capacidad para ocho pasajeros y una autonomía de vuelo de cuatro horas y media.

Entre 2018 y 2019, el avión Hawker hizo 130 viajes, de los cuales apenas 12 fueron traslados sanitarios. Los gastos de mantenimiento en este período ascendieron a US$ 1.600.000.

En el interior de la cabina tiene cocina equipada con cafetera, horno microondas, cajón para hielo y/o bebidas frías, compartimiento para desechos y baño privado trasero con puerta.

En una entrevista con El Observador publicada semanas atrás, el rematador había dicho que el perfil de los posibles compradores eran “empresarios de la región, de América del Sur y de América Central”. 

“La gran mayoría de las consultas han sido del exterior, del Caribe, Miami, México. Es un avión que tiene muy buena capacidad para aquel que necesita en el día cubrir distancias largas y no tener una escala. Puede andar muy bien en toda América del Sur”, sostuvo.

Molina también consideró que el avión tiene un “cierto uso” y se deprecia “muy rápido”. “Esperemos hacerle algún peso arriba, pero dadas las condiciones actuales del mundo no creo que se llegue al precio que lo pagaron. El valor de mercado no anda por ahí hoy en día, ni cerca”, dijo.

Polémico

La compra del avión fue objeto de una intensa discusión política y de observaciones del Tribunal de Cuentas (TCR) porque, según entendía el departamento de Jurídica del organismo, el proceso licitatorio no fue competitivo. 

La adquisición fue observada en más de una oportunidad hasta que en 2017 un cambio en la integración del TCR hizo que se levantaran los reparos. Ese año el frenteamplista Miguel Aumento tomó el lugar del también oficialista Óscar Grecco, quien se había opuesto a la adquisición. 

Tres años después, con el cambio de gobierno, el futuro de la aeronave fue tema de conversación en el primer acuerdo que tuvo el nuevo ministro de Defensa, Javier García, con el presidente Luis Lacalle Pou. En esa instancia el gobierno anunció que vendería el avión. 

García explicó que desde que el Estado compró el avión se gastaron US$ 2,5 millones y que se trató de "un mal negocio que no cumplió con el cometido". "Lo que se compró más el mantenimiento es el costo aproximado de dos escuelas", afirmó.

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