El apartado cuestionado establece que la pesca con fines de investigación debe contar con la autorización de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), organismo que recibirá de todo investigador que pretenda estudiar las aguas nacionales un proyecto completo sobre los objetivos de su actividad científica.
En el inciso l del capítulo VII, por ejemplo, se prohíbe "dar a publicidad a cualquier tipo de información, especialmente de los datos obtenidos, sin autorización expresa" de la Dinara.
"En principio, estamos haciendo esta alerta pública de manera que haya algún nivel de reflexión dentro del gobierno", dijo a El Observador Alejandro Zavala, integrante del sector y diputado suplente de su principal dirigente política, Macarena Gelman.
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El comunicado dice que el IR ve con "gran preocupación este decreto porque atenta contra la independencia en materia de generación de información y conocimiento, tanto de la academia como de otras instituciones del Estado". Agrega que la norma "ubica a una dirección ministerial por sobre otros ministerios, entes autónomos, intendencias e instituciones públicas cuya misión es precisamente investigar y generar conocimiento como la Udelar y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, incluso el INIA y el LATU".
La situación aludida, opinó Zavala, genera un "problema gravísimo".
Según publicó El País semanas atrás, 15 profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias de la Udelar ya solicitaron revocar el decreto, mediante la presentación de un recurso administrativo ante el Poder Ejecutivo.
Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina, y la pro rectora de la Udelar, Cecilia Fernández, se reunieron este jueves con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Enzo Benech, para manifestarle las limitaciones del capítulo VII.
Allí, Benech les aseguró que el gobierno tiene la "total voluntad" de tener en cuenta "los comentarios" de la academia al respecto. "Y a raíz de la propuesta que hicimos, quedó instaurado un diálogo directo", contó Cristina a El Observador.
El grupo IR concluye en su "alerta" que "la investigación debe contar con las máximas garantías para su desarrollo porque tiene un rol fundamental en entender y colaborar para mejorar las nuevas realidades ambientales".
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