Seguridad exige corregir errores

Las denuncias y advertencias del director nacional de Policía, Mario Layera, sobre la inseguridad pública y las perspectivas de agravamiento exigen atención correctiva del gobierno, en vez de los ataques sin fundamento de sectores del Frente Amplio más preocupados por sus intereses partidarios que por el bienestar de los uruguayos. A la conmoción interna creada en la alianza de izquierda por las declaraciones de Layera a El Observador se agregaron exabruptos que rayan en lo ridículo. El sector de la senadora Constanza Moreira, el grupo Casa Grande, exigió la renuncia del jerarca pese a su irrefutable competencia y a que lo respaldó enfáticamente el ministro interino del Interior, Jorge Vázquez. Y el senador suplente de Casa Grande, Rafael Paternain, tropezó en varios frentes al afirmar que los dichos de Layera constituyen "un discurso completamente conservador" fuera "de sintonía con el enfoque frenteamplista".

La seguridad no es un tema de ideología política de derecha, centro o izquierda sino de protección a toda la población. Y si el énfasis puesto por Layera en la indefensión creciente de la sociedad constituye un "discurso conservador", queda en evidencia que para algunos el combate eficaz a la delincuencia pasa a ser secundario a la defensa de una posición ideológica. Como si fuera poco, el "enfoque frenteamplista" proclamado por Paternain ha fracasado notoriamente en abatir la delincuencia que consterna al país. Otros senadores de la fuerza gobernante, menos desubicados que Moreira y Paternain, censuraron también a Layera o expresaron preocupación por su evaluación exacta de una situación crítica.

Layera precisó deficiencias estructurales que dificultan la lucha contra la delincuencia. Advirtió contra el deterioro social, la fragmentación de las familias, investigaciones policiales obstaculizadas por fallas en la Fiscalía bajo el nuevo Código del Proceso Penal y por retención de información por organismos del Estado, así como el efecto pernicioso del sistema carcelario en profundizar conductas delictivas. Todos estos puntos son realidades que nadie puede discutir porque rompen los ojos. Ciertamente no se las puede relegar a intereses partidarios, como sostienen tantos dirigentes frenteamplistas. Lo que corresponde, si el Frente Amplio y su gobierno resolvieran cumplir su obligación de proteger la seguridad de los uruguayos, es aceptar el exhaustivo análisis de Layera como base para subsanar errores y descuidos, y encarar vías más efectivas hacia el abatimiento de la delincuencia.

Las correcciones necesarias están a la vista. Incluyen terminar con el secretismo y la dispersión de organismos del Estado y asegurar que todos aporten coordinación para mejorar la eficiencia de la Policía y la Justicia, así como reconocer que la imperante disgregación social ha sido una grave claudicación de las administraciones frenteamplistas al aprobar leyes que la profundizan en vez de combatirla. Mientras el gobierno y su fuerza política no tomen este curso y, al contrario, sigan dispersándose en confrontaciones internas y desvíos ideológicos, la población seguirá expuesta a la inseguridad creciente definida en la evaluación de Layera.