Este miércoles se realizó una audiencia de conciliación entre la Distribuidora Uruguaya de Combustibles (Ducsa) –principal colateral del grupo Ancap– y la Intendencia de Montevideo.
Ancap reclama a la comuna casi US$ 30 millones por la tasa de inflamables que la Intendencia cobraba y que fue declarada inconstitucional el año pasado por la Suprema Corte de Justicia.
La intendencia expresó que en este momento no iba a conciliar, por lo que seguirá adelante la demanda de recupero, informaron a El Observador fuentes de Ancap.
La sentencia de la Suprema Corte habilitó a que Ducsa iniciara el proceso para reclamar a la Intendencia de Montevideo que le sean devueltos los montos abonados por esta tasa. La ley permite una retroactividad máxima de cuatro años.
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