Las negociaciones entre el equipo económico argentino y los representantes del FMI se encuentran en o que parecería ser su tramo final, pero también en un momento de tensión.
Mientras el Fondo insiste en la necesidad de implementar medidas de austeridad, el ministro de Economía y precandidato a presidente, Sergio Massa, se muestra reticente a poner en riesgo la actividad económica.
En ese contexto, Sergio Massa armó una reunión con su par de Egipto, el ministro de Finanzas, Mohamed Maait. Argentina y Egipto acumulan alrededor del 70% de la capacidad prestable del FMI. El porcentaje acumulado habla por si solo. El interés desde el entorno del ministro para que la reunión no pase desapercibida, también. Una cesación de pagos coordinada podría complicar internamente al organismo. En definitiva, golpear la mesa para poder negociar.
Uno de los puntos clave de las demandas argentinas es la obtención de fondos adicionales. Se estima que, una vez finalizado el acuerdo, el FMI podría enviar alrededor de 2.000 millones de dólares, además de los reembolsos acordados.
La política fiscal es otro tema controvertido en las negociaciones. Los técnicos del FMI no aceptan la solicitud del equipo económico de aumentar la meta de déficit fiscal para este año alrededor del 2,5% del PIB. Por el contrario, han planteado la necesidad de reducir el desequilibrio primario al 1,6%.
La solución que estaría alcanzando sería intermedia, manteniendo la meta del 1,9% acordada, a pesar de que la sequía también ha impactado en los ingresos fiscales.
Esta meta del 1,9%, que ya de por sí es exigente, implica una fuerte restricción del gasto público que resulta difícil de cumplir en medio de un proceso electoral, según señala el FMI.
Es importante tener en cuenta que la recaudación tributaria se ha visto afectado por la sequía y su impacto en las exportaciones, así como por la desaceleración del consumo interno debido a la inflación. En el primer semestre del año, la recaudación cayó un 4,4% interanual (considerando una inflación del 7% para junio).
En este contexto, el Gobierno decidió postergar los pagos al FMI por más de 2.500 millones de dólares, concentrándolos para el 31 de julio.
Las negociaciones entre Argentina y el FMI son de suma importancia en un momento en que las reservas del Banco Central comienzan a disminuir. En el primer semestre del año, las reservas brutas cayeron unos 16.700 millones de dólares. En ese contexto, el FMI estaría dispuesto a reconocer el impacto de la sequía al permitir al país reducir las metas de reservas en divisas.
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