Varios vecinos del barrio Cordón denunciaron hace dos años ante el Municipio B que en la calle Guaná, casi Eduardo Acevedo, había una casa abandonada y ocupada por personas que vendían droga. También denunciaron que ocurría lo mismo prácticamente a la misma altura pero en la calle Chaná.
Cuando el Municipio B recibió la denuncia de estas posibles bocas de drogas, activó el protocolo: comenzaron las inspecciones para verificar si las casas estaban abandonadas, los encuentros con el área de Convivencia del Ministerio del Interior, la Policía y la intervención de escribano para dar con los datos de los dueños de las casas, explicó la alcaldesa Silvana Pissano a El Observador.
Finalmente, este viernes la Intendencia de Montevideo (IM) radicó una denuncia penal ante la Fiscalía debido a que "los vecinos de la zona manifiestan preocupación debido a que presumen que en dicho lugar se realiza venta de drogas" y a que "la Unidad Sumarios informa que debido a que los hechos mencionados pueden calificarse como eventuales delitos".
Pero, según constató El Observador en el lugar, las bocas de drogas fueron cerradas. A su vez, los vecinos explicaron que "hace tiempo" la Policía sacó a los ocupantes y luego se tapió el lugar. Según dijeron, no han visto más la circulación de personas que había antes en esa casa.
Desde el Ministerio del Interior, en tanto, aseguraron que la boca fue cerrada en mayo de 2022.
La IM realizó la denuncia dos años después del reclamo inicial tras varias actuaciones protocolares que realizó el Municipio B. El 30 de enero de este año, llegó al área legal de la IM el asunto con los problemas de ocupación y venta de drogas que denunciaban los vecinos.
El 8 de febrero uno de los abogados explicó en el expediente interno de la IM que existió una primera actuación en la que se dejó constancia de la preocupación de los vecinos, que los ocupantes estaban en la entrada de la calle Guaná y que la propiedad pertenecía a una empresa.
Luego, se refirió a una segunda actuación en la el Municipio envío a un "servicio de escribanía" para saber quién era el propietario, algo que el escribano determinó en una quinta actuación.
En esa oportunidad, el abogado sugirió no realizar la denuncia penal porque eso correspondería a la empresa dueña de la casa que estaba siendo ocupada y por la presunta venta de drogas en ese lugar.
El 23 de febrero otra abogada de la División Jurídica no compartió el criterio del informe anterior, debido a que "se ponen en conocimiento eventuales delitos" a la IM a través del Municipio B y, por lo tanto, debía realizarse la denuncia penal debido a que los funcionarios públicos están obligados a hacerlo. Tras ese informe, finalmente la IM realizó la denuncia este viernes, aunque la boca ya no está funcionando.
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