El rechazo en el Senado del mega-DNU enviado por el presidente, Javier Milei, generó diferentes lecturas en la Casa Rosada sobre lo sucedido la noche anterior. En particular, se evaluó la postura de varios gobernadores cuyos senadores votaron en contra del documento que busca desregular la economía a través de la modificación de más de 300 puntos. Desde la Oficina del Presidente, se interpretó la derrota como una elección por el camino del "conflicto", parte de una "lógica de tensar" por parte de la política. A pesar de ello, en el Gobierno mantienen expectativas de que el proceso venidero, con la ley ómnibus y el Pacto de Mayo, se materialice, a pesar de las desconfianzas que persisten.
La atención del Presidente está centrada en los gobernadores. Por un lado, algunos en el Gobierno consideran que la "supuesta verticalidad de los gobernadores sobre senadores y diputados no es tan fuerte", según expresó un importante funcionario. También hay optimismo debido a la percepción de que hay legisladores que no responden directamente a los gobernadores y tienen sus propias agendas políticas. Sin embargo, se reconoce que es un tema complejo y se espera con cautela el desarrollo en la Cámara de Diputados, donde Milei cuenta con un escenario más favorable gracias a la alianza emergente con el sector de Pro que responde a Mauricio Macri.
En definitiva, de cara al debate legislativo que se trasladará a la Cámara Baja del Congreso, en el Gobierno analizan tres cuestiones principales:
El oficialismo está realizando un minucioso análisis de los votos en la Cámara de Diputados. Se estima que al menos 110 legisladores se pronunciarán a favor del rechazo al DNU. Sin embargo, el Gobierno busca sumar apoyos y negociar con los bloques opositores para alcanzar una mayoría sólida. La estrategia incluye reuniones con líderes de distintos partidos y la identificación de posibles indecisos que puedan inclinar la balanza.
El diálogo con los bloques opositores es fundamental. El oficialismo busca consensos y acuerdos que permitan sumar votos a favor del DNU. Se están explorando posibles modificaciones al texto del decreto para atender algunas objeciones planteadas por la oposición.
Además de las negociaciones formales, el Gobierno está ejerciendo presión política sobre los legisladores. Se han realizado llamados, reuniones y gestiones para persuadir a aquellos que aún no han definido su posición.
Una vez informada la votación del Senado, la Cámara baja podrá debatir el DNU en el recinto. Aunque la idea del oficialismo es extender la discusión a través de la bicameral de Trámite Legislativo, que analiza este tipo de normativas, se espera que el tema se aborde con celeridad. Los discursos de los diputados serán clave para influir en la opinión pública y generar apoyo o rechazo al DNU.
El oficialismo está trabajando en coordinación con los presidentes de bloques para definir la agenda parlamentaria. Se busca priorizar el tratamiento del DNU y evitar dilaciones innecesarias.
Paralelamente, el Gobierno está planificando la negociación del pacto fiscal con los gobernadores provinciales. Este acuerdo busca establecer consensos en materia económica y financiera, lo que podría influir en la postura de los legisladores en la votación. La colaboración de los gobernadores es crucial para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad fiscal en sus jurisdicciones.
El oficialismo está buscando respaldo territorial. Se han mantenido reuniones con gobernadores, intendentes y referentes locales para explicar los alcances del DNU y solicitar su apoyo en el Congreso.
El DNU 70/2023 implica una profunda desregulación de la economía, deroga múltiples leyes y normativas, y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas. La definición sobre su futuro ahora está en manos de la Cámara de Diputados, donde se espera un debate intenso y decisiones cruciales para el rumbo económico del país. El Gobierno está desplegando una estrategia multifacética para lograr la aprobación, consciente de la relevancia de esta medida en el contexto nacional .
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