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Tras firmar un convenio con el Gobierno, la Iglesia argentina vuelve a reclamar alimentos para los comedores populares
La Comisión Episcopal de Cáritas Argentina volvió a pedir este viernews al Gobierno que se proporcione “la ayuda necesaria” en materia de alimentos a los comedores populares para que puedan seguir funcionando. Tras el acuerdo firmado el miércoles entre Cáritas y el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, Cáritas emitió un comunicado en el que afirma: “Hoy nadie puede asumir la cantidad y complejidad del trabajo social de manera individual, y es por eso que insistimos en integrar a todos aquellos que con enorme sensibilidad atienden a los más pobres y en que también se les dé la ayuda necesaria para que puedan seguir haciéndolo”.
Es la segunda vez que los obispos reclaman alimentos, en la víspera del encuentro que tendrá en el presidente Javier Milei y el sumo pontífice papa Francisco el lunes en el Vaticano.
La Iglesia reclamó alimentos para que los movimientos sociales, asociaciones, centros vecinales y sindicatos puedan normalizar su funcionamiento lo más pronto posible, ante una pobreza que consideran en aumento. “En un país cuya pobreza sigue creciendo y que no admite miradas sesgadas, prejuicios ideológicos y peleas sectoriales, somos testigos de que muchos hermanos viven la angustia de no saber con qué alimentarán mañana a sus hijos”, expresaron.
Según publicó Infobae, las autoridades de la Iglesia apoyan las auditorías que implementó el ministerio de Pettovello para terminar con las irregularidades en el manejo de los fondos asignados a cada organización, pero aclararon que el acuerdo de Cáritas con el Estado Nacional “vinculado a la renovación de un convenio de meriendas, se ha malinterpretado dicho compromiso entendiéndolo como un acuerdo exclusivo entre la Iglesia y el Estado para ser los interlocutores únicos o principales validados en la ayuda a los sectores más vulnerables”.
El jueves de esta semana en medio del conflicto con los piqueteros de izquierda y organizaciones sociales por la falta de comida en los comedores y merenderos comunitarios Pettovello firmó un convenio por 20 mil millones de pesos para la compra de 5 millones de unidades de alimentos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); en el marco de la ampliación del Programa de Abordaje Comunitario.
Según se había anunciado los acuerdos firmados por el Estado Nacional en las últimas horas “asegurarán que los procesos de compra se realicen bajo estándares de transparencia y rendición de cuentas, mejorando significativamente la eficacia y la integridad en la distribución de alimentos a los sectores más vulnerables de la sociedad”.
La siuperministra Sandra Pettovello fue protagonista de una de las polémicas de la semana por una movilización de grupos piqueteros que tienen buena relación con la Iglesia para reclamar alimentos. La movilización la hicieron la UTEP de Juan Grabois -con llegada directa al Papa- y otras organizaciones aliadas, que tuvieron durante el gobierno de Alberto Fernández cargos y accesos a recursos constantes para brindar asistencia.
La señalización contra los “prejuicios ideológicos y peleas sectoriales” tienen que ver con que en la Iglesia cuestionan la decisión política que tomó el gobierno de desplazar y desconocer a la mediación de las organizaciones sociales y piqueteras para llevar al territorio la asistencia, una tarea de la que el Estado los últimos años se retiró.
Casi al mismo tiempo en que se realizaba la protesta en Carlos Pellegrini al 1200 donde funciona el ministerio y que convocó a miles de asistentes a los comedores, la ministra también había firmado un convenio con representantes de iglesias evangélicas en la localidad bonaerense de José C. Paz. El acuerdo suscripto ese día por $ 177.500.000 con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA) fue “para que reciban la ayuda directa y sin intermediarios”.
La funcionaria y otros dirigentes del Gobierno insisten en que se propusieron terminar con la “tercerización” de los dirigentes populares, o al menos con los que no rindan cuentas sobre las toneladas de alimentos que se envían desde los depósitos del Estado Nacional.
