Con prisión firme entre uno y tres años, la justicia francesa condenó este viernes a tres hombres a que habían programado un atentado contra el presidente Emmanuel Macron en el año 2018.
El tribunal correccional de París, que determinó que existían "preparativos" vinculados con un proyecto de asesinato del jefe de Estado francés, impuso la pena más dura (tres años de prisión en firme) a Jean-Pierre Bouyer, un hombre de 66 años y ex número 2 del grupo ultraderechista Barjols.
La investigación sobre el atentado había comenzado en octubre de 2018 basada en informaciones de inteligencia que apuntaban a que el mencionado Bouyer quería matar a Macron en una ciudad del este de Francia.
El activista de extrema derecha, según estas averiguaciones, tenía planeado el atentado para el 11 de noviembre, día en que se conmemoró el centenario del armisticio de la Primera Guerra Mundial.
La situación social en Francia por aquellos días de 2018 era tensa. El aumento de los precios del combustible había generado un movimiento de protesta que cristalizó en noviembre con las manifestaciones de los "chalecos amarillos".
En su propio domicilio, en el noreste de Francia, se detuvo a Bouyer y a otras tres personas el 6 de noviembre de 2018 y se les incautaron armas y municiones. Durante los meses siguientes, se produjeron otras detenciones de miembros del grupo ultraderechista Barjols, creado en Facebook en 2017.
En marzo de 2020 fue detenido también Denis Collinet, fundador de este colectivo adepto de la teoría conspiracionista del "gran reemplazo" de europeos blancos por migrantes.
Según la acusación, los detenidos participaron entre 2017 y 2018 en reuniones de características paramilitares, en los que se hablaba de dinamitar mezquitas y perpetrar un golpe de Estado.
Los planes de la organización ulraderechista también incluían el secuestro de diputados o el asesinato de migrantes, pero ninguna se pudo llevar a cabo.
Collinet, junto con otras ocho personas detenidas, fueron absueltas, ya que el tribunal no pudo vincular sus intenciones a un "proyecto de acción violenta" contra políticos, mezquitas o migrantes.
A un último acusado se lo condenó a seis meses de prisión, con suspensión de pena, por tenencia ilegal de arma.
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