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Un conflicto extraño: trabajadores contra el gobierno y empresarios embretados
El sindicato había logrado un preacuerdo con la patronal, que es objetado por el Ejecutivo
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22 de octubre de 2015 a las 05:00
Los trabajadores de la bebida aseguran que solo faltaban algunos detalles para sellar un acuerdo salarial con las empresas del sector. "Estábamos muy, muy cerca", dijo el secretario general de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), Richard Read. Según él, la aparición en escena del Ministerio de Economía (MEF), que citó a los privados y les dijo "esto no va", frenó la firma del convenio.
De manera bipartita, los trabajadores y las empresas habían preacordado, entre otros, que el salario al 30 de junio de 2015 tuviera un aumento al 1° de enero de 2018 de 34,5% nominal. El dirigente advirtió que "si no es eso, menos de eso, nada".
El gobierno, según pudo saber El Observador por fuentes del MEF, quiere que las empresas pongan por escrito que esos aumentos –por encima de las pautas salariales estipuladas– no se trasladarán a precios. Asimismo, fuentes sindicales añadieron que el Poder Ejecutivo también pidió a las empresas que no realicen ningún tipo de ajuste por los próximos seis o 12 meses, algo que fue rechazado por la patronal, que argumentó que hay otras variables de costos de su negocio que también pesan.
Según cálculos de El Observador –en base a los datos que divulga el INE–, la evolución del costo de la cerveza ha estado sistemáticamente por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC) desde junio de 2011 (ver gráfica). En el caso del agua de mesa, se observa la misma tendencia desde noviembre de 2012 hasta el presente (ver gráfica).
El Observador consultó al Centro de Fabricantes de bebidas sin alcohol y cervezas, pero no está haciendo declaraciones sobre la negociación colectiva. La misma respuesta se recibió de Montevideo Refrescos (embotelladora de Coca-Cola), que recientemente dejó de pertenecer a la cámara que agrupa a las firmas del sector. Coca-Cola emplea a 950 trabajadores en forma directa.
La vigencia de estos créditos fiscales fue prorrogada en febrero –con la firma del entonces presidente José Mujica– hasta el 31 de diciembre de este año. El año pasado en Uruguay se vendieron 99 millones de litros de cerveza (por US$ 454,5 millones) y 267 millones de litros de agua embotellada (por US$ 340,4), de acuerdo a datos de la consultora Euromonitor International. Si se considera la producción nacional de cerveza declarada a DGI el año pasado (unos 92 millones de litros), el subsidio que recibieron los fabricantes fue de unos US$ 12,3 millones solo por ese producto.
Read sostuvo que "es una risa" que el Poder Ejecutivo considere al de la bebida como uno de los sectores en problemas. "¿Cuatro fábricas que facturan US$ 1.200 millones anuales es un sector en problemas?", interrogó.
El dirigente agregó que si el obstáculo son los créditos fiscales, que el gobierno los quite. "Es problema de las empresas con ellos (por el gobierno), pero tienen de rehén al sindicato", añadió.
La "presión" que está ejerciendo el gobierno sobre el sector patronal "sin ninguna duda es un abuso de poder", sostuvo Read. Sin embargo, el director nacional de Trabajo, Juan Castillo, dijo que la bebida no es considerado por el Poder Ejecutivo como un sector "en problemas". Si bien admitió la existencia del preacuerdo, matizó que "en el sector hay complejidades, hay problemas".
"Simplemente se tomó en cuenta que había un subsidio, que ahora lo está analizando el MEF con las propias empresas a ver si se mantiene o si estamos en condiciones de quitarlo", dijo, y añadió que de acuerdo al borrador de acuerdo que elaboraron las partes se trata de un sector "dinámico".
El director nacional de Trabajo manifestó que "hay otras cosas que contiene el convenio que son las que se están analizando", pero no la definición de a qué categoría pertenece. El lunes, Castillo había manifestado en el programa Entrelíneas de TCC que si algún grupo podía dar aumentos por encima de las pautas era libre de hacerlo. "Firman un convenio las partes y lo pueden homologar ante el Ministerio de Trabajo con una cláusula concreta: compromiso de no traslado a precios al consumidor, si no es una papa", dijo. Asimismo, el jerarca dijo a El Observador que no todas las empresas están de acuerdo con el borrador de acuerdo alcanzado.
"Voten, voten dos a uno, lauden, decreten, hagan lo que quieran. Nosotros no vamos a firmar si no es lo que acordamos con las fábricas", indicó. La FOEB, en ese caso, "quedará de manos libres", sostuvo Read. Agregó que "seguramente el 20 de noviembre comience un pío-pío: mano a mano con cada fábrica vamos a ir con la plataforma esta, y algo más arriba, no vamos a ir con esto solo". Ahí, dijo, se verá "qué pasa".
Si la situación se mantiene incambiada durante la zafra, el sindicato agudizará las medidas. "Esta semana, como la estás viendo, 24 horas cada día, llevalo a diciembre todos los días hábiles", indicó Read, quien sostuvo que durante ese mes la facturación de las empresas asciende a alrededor de US$ 23 millones por día. En el mes, calculó, son más de US$ 4 millones de IVA que el gobierno no recaudaría", estimó. "Y bueno, a ver quién pierde más. Nosotros no vamos a perder nada, porque las empresas van a terminar dando. ¿Van a perder la temporada por tres, cuatro puntos? Y el gobierno va a quedar como un pánfilo sentado en la vereda mirando pasar la carroza. Es así", se explayó. l
De manera bipartita, los trabajadores y las empresas habían preacordado, entre otros, que el salario al 30 de junio de 2015 tuviera un aumento al 1° de enero de 2018 de 34,5% nominal. El dirigente advirtió que "si no es eso, menos de eso, nada".
El gobierno, según pudo saber El Observador por fuentes del MEF, quiere que las empresas pongan por escrito que esos aumentos –por encima de las pautas salariales estipuladas– no se trasladarán a precios. Asimismo, fuentes sindicales añadieron que el Poder Ejecutivo también pidió a las empresas que no realicen ningún tipo de ajuste por los próximos seis o 12 meses, algo que fue rechazado por la patronal, que argumentó que hay otras variables de costos de su negocio que también pesan.
Según cálculos de El Observador –en base a los datos que divulga el INE–, la evolución del costo de la cerveza ha estado sistemáticamente por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC) desde junio de 2011 (ver gráfica). En el caso del agua de mesa, se observa la misma tendencia desde noviembre de 2012 hasta el presente (ver gráfica).
El Observador consultó al Centro de Fabricantes de bebidas sin alcohol y cervezas, pero no está haciendo declaraciones sobre la negociación colectiva. La misma respuesta se recibió de Montevideo Refrescos (embotelladora de Coca-Cola), que recientemente dejó de pertenecer a la cámara que agrupa a las firmas del sector. Coca-Cola emplea a 950 trabajadores en forma directa.
Créditos fiscales
Las pautas salariales dadas a conocer tiempo atrás distinguen tres categorías para los sectores ("en problemas", "intermedios o "dinámicos"). El Poder Ejecutivo delegó en los agentes privados la autocalificación de cara a la nueva ronda de negociación. La bebida, según el sindicato, fue calificada por el gobierno como dentro del grupo de sectores "en dificultades", y pone como prueba los créditos fiscales que se le brindan a manera de subsidio. Por ese instrumento, por cada litro de bebida nacional producida se devuelve determinado monto ($ 3,1 en el caso de la cerveza, $ 0,11 en el de aguas minerales y sodas, siempre y cuando el envase sea retornable).La vigencia de estos créditos fiscales fue prorrogada en febrero –con la firma del entonces presidente José Mujica– hasta el 31 de diciembre de este año. El año pasado en Uruguay se vendieron 99 millones de litros de cerveza (por US$ 454,5 millones) y 267 millones de litros de agua embotellada (por US$ 340,4), de acuerdo a datos de la consultora Euromonitor International. Si se considera la producción nacional de cerveza declarada a DGI el año pasado (unos 92 millones de litros), el subsidio que recibieron los fabricantes fue de unos US$ 12,3 millones solo por ese producto.
Read sostuvo que "es una risa" que el Poder Ejecutivo considere al de la bebida como uno de los sectores en problemas. "¿Cuatro fábricas que facturan US$ 1.200 millones anuales es un sector en problemas?", interrogó.
El dirigente agregó que si el obstáculo son los créditos fiscales, que el gobierno los quite. "Es problema de las empresas con ellos (por el gobierno), pero tienen de rehén al sindicato", añadió.
La "presión" que está ejerciendo el gobierno sobre el sector patronal "sin ninguna duda es un abuso de poder", sostuvo Read. Sin embargo, el director nacional de Trabajo, Juan Castillo, dijo que la bebida no es considerado por el Poder Ejecutivo como un sector "en problemas". Si bien admitió la existencia del preacuerdo, matizó que "en el sector hay complejidades, hay problemas".
"Simplemente se tomó en cuenta que había un subsidio, que ahora lo está analizando el MEF con las propias empresas a ver si se mantiene o si estamos en condiciones de quitarlo", dijo, y añadió que de acuerdo al borrador de acuerdo que elaboraron las partes se trata de un sector "dinámico".
El director nacional de Trabajo manifestó que "hay otras cosas que contiene el convenio que son las que se están analizando", pero no la definición de a qué categoría pertenece. El lunes, Castillo había manifestado en el programa Entrelíneas de TCC que si algún grupo podía dar aumentos por encima de las pautas era libre de hacerlo. "Firman un convenio las partes y lo pueden homologar ante el Ministerio de Trabajo con una cláusula concreta: compromiso de no traslado a precios al consumidor, si no es una papa", dijo. Asimismo, el jerarca dijo a El Observador que no todas las empresas están de acuerdo con el borrador de acuerdo alcanzado.
Agudizar medidas
Durante esta semana la FOEB está realizando paros de 24 horas, cada día en una empresa diferente, tanto a nivel de planta como de distribución de producto. El lunes, en tanto, está convocado el Congreso Nacional de delegados de la FOEB para resolver cómo seguir. La dirección del sindicato, explicó Read, pretende llevar a esta instancia la idea de que "hasta acá llegaron"."Voten, voten dos a uno, lauden, decreten, hagan lo que quieran. Nosotros no vamos a firmar si no es lo que acordamos con las fábricas", indicó. La FOEB, en ese caso, "quedará de manos libres", sostuvo Read. Agregó que "seguramente el 20 de noviembre comience un pío-pío: mano a mano con cada fábrica vamos a ir con la plataforma esta, y algo más arriba, no vamos a ir con esto solo". Ahí, dijo, se verá "qué pasa".
Si la situación se mantiene incambiada durante la zafra, el sindicato agudizará las medidas. "Esta semana, como la estás viendo, 24 horas cada día, llevalo a diciembre todos los días hábiles", indicó Read, quien sostuvo que durante ese mes la facturación de las empresas asciende a alrededor de US$ 23 millones por día. En el mes, calculó, son más de US$ 4 millones de IVA que el gobierno no recaudaría", estimó. "Y bueno, a ver quién pierde más. Nosotros no vamos a perder nada, porque las empresas van a terminar dando. ¿Van a perder la temporada por tres, cuatro puntos? Y el gobierno va a quedar como un pánfilo sentado en la vereda mirando pasar la carroza. Es así", se explayó. l
