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Un fondo poco solidario
La educación gratuita en la Universidad de la República (Udelar) para todos los estudiantes, así sean ricos o pobres, actuó siempre en detrimento de los de menos recursos, al restarle a la institución fondos aplicables a fortalecer el sistema de becas. El remedio aplicado desde 1994, con la creación de un llamado Fondo de Solidaridad, ha sido peor que la enfermedad. Poco tiene de solidaria la obligación de los egresados de hacerle pagos a Udelar, así como también de quienes cursaron carreras u oficios en UTU y en la Universidad Tecnológica. El cargo se aplica indiscriminadamente a todos, sean profesionales exitosos y acaudalados o de ingresos magros o –peor aun– personas que no ejercen lo que estudiaron y se ganan la vida en alguna otra actividad.
Los reclamos contra este sistema injusto, provenientes de la Asociación Uruguaya de Egresados Terciarios de la Educación Pública (Audetep), han recrudecido desde que el mes pasado el gobierno decretó que los pagos, a partir del quinto año desde el egreso, pasen a ser mensuales en vez de anuales como regía hasta ahora. El monto aumenta progresivamente no según los ingresos de cada uno sino de la duración de cada carrera y de la antigüedad en su ejercicio. El incumplimiento de los pagos lleva al contribuyente al estigma del clearing de informes y lo expone a retenciones salariales y hasta embargo de su patrimonio.
Muchos egresados presentaron inicialmente recursos ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra la ley de 1994, arguyendo violación del derecho constitucional a la educación estatal gratuita. La SCJ los rechazó en 1997 porque estimó que la escolaridad seguía siendo gratuita, ya que el gravamen se aplicaba a los posteriores beneficios económicos y solo a quienes ejercían la profesión aprendida. Pero este argumento del máximo tribunal perdió vigencia en 2002, cuando un decreto gubernamental estableció que el egresado debe pagar aunque no ejerza la profesión.
Lo recaudado por el Fondo está destinado a mejorar las becas que se conceden a los estudiantes de menores recursos. Esta meta loable, en la que Udelar está actualmente empeñada, puede buscarse por la vía más justa y ecuánime de limitar la gratuidad a quienes la necesiten y establecer que los estudiantes de mayor holgura económica aporten por sus carreras mientras las cursan, en vez del impuesto disfrazado a que están obligados después de haber salido de los centros de estudios terciarios. Incluso muchos egresados de Udelar, hoy exitosos dirigentes políticos o empresariales, han señalado públicamente la incongruencia de haber completado sus carreras de modo gratuito en vez de haber hecho contribuciones durante sus estudios, arbitrando de esa forma recursos para mejores becas a quienes las necesitan
Representantes de Audetep han presentado a legisladores de todos los partidos la propuesta de eliminar el Fondo de Solidaridad y reemplazarlo con un sistema de becas por préstamos bancarios, fórmula compleja de instrumentar por la financiación de esos créditos. Más lógico es que se fijen aportes de los estudiantes que puedan pagarlos a lo largo de sus años de estudio, como se ha propuesto en años previos desde fuentes diversas. Hasta estaría en línea con la equidad distributiva en que tanto insiste el Frente Amplio con su muletilla tributaria de que “pague más el que más tiene”.
