Una ONG accede a registros oficiales de los abusos del presidente salvadoreño Nayib Bukele

La contracara de esa supuesta política de seguridad ciudadana es que las cárceles viven en extremo hacinamiento, que no se respetan las condiciones del debido proceso, que no hay garantías de vida y que las detenciones masivas y las muertes en prisión crecen en El Salvador.
Human Rights Watch (HRW), una ONG que accedió a documentación oficial, pudo comprobar “abusos a gran escala” en las cárceles, especialmente desde el estado de excepción decretado por Bukele en marzo de 2022. 

En un comunicado distribuido a los medios, HRW informó que a través de una fuente confiable de la que reserva su identidad, accedió a la base de datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. Para confirmar que los datos fueran fiables, consultó otras fuentes, especialmente organizaciones locales defensoras de derechos humanos, entre ellas Cristosal, una ONG que asiste a familiares de víctimas y trata de dar asistencia legal a los detenidos.

HRW dice haber encontrado no menos de 300 coincidencias, entre ellas, los nombres de las personas procesadas entre marzo y agosto de 2022, los delitos que se les imputan, las cárceles adonde fueron enviadas y la cantidad de personas que están con prisión provisional o preventiva.

El comunicado afirma que miles de personas, “incluidos cientos de niños y niñas fueron detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas”.

Bukele tiene mayoría en el Congreso salvadoreño y el 27 de marzo de 2022 aprobó un estado de excepción que limita las libertades individuales. A partir de un aumento de la violencia entre pandillas –maras– y fuerzas de seguridad, El Salvador registró en una misma jornada 62 homicidios que el gobierno atribuye a pandillas, aunque las ONG creen que muchas de ellas pudieron ser abusos policiales.

El estado de excepción, entre otras cosas, les permite a las fuerzas de seguridad y a la Justicia no informar a un detenido siquiera el motivo por el cual se lo priva de la libertad y hasta lo puede privar de tener asistencia legal de un abogado.

La cifra oficial de personas en situación de cárcel es de 61.000 desde la vigencia del estado de excepción.

La agencia estadounidense Associated Press hizo un pedido formal al gobierno respecto del informe de HRW, pero las autoridades contestaron que no había visto el informe y no tenían comentarios al respecto.

“Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el régimen de excepción”, afirmó Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de la organización.

HRW pidió al presidente Bukele y al Congreso que pusieran fin al estado de excepción, pero el mandatario contestó que esa medida es una “herramienta para hacer frente a los “terroristas”.

Los hallazgos confirman ahora las alertas lanzadas tanto por HRW como la ONG salvadoreña Cristosal. La base de datos, atribuida por una fuente de confianza al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, detalla los nombres de personas procesadas entre marzo y agosto del año pasado. La primera conclusión, según un comunicado difundido este viernes, es que “miles de personas, incluidos cientos de menores, fueron detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas”.

La documentación registra hasta agosto la muerte de 32 detenidos, en su mayoría en los penales de Mariona e Izalco. Las autoridades se refirieron en noviembre al fallecimiento de otros 58 detenidos sin aclarar las circunstancias. 

Con respecto a las acusaciones formuladas contra los presos, más de 39.000 enfrentaban los cargos de pertenencia a “agrupaciones ilícitas” y más de 8.000 a “organización terrorista”. En cambio, señala la organización defensora de los derechos humanos, muchas menos personas habían sido acusadas por delitos violentos, como homicidios. Sólo 148 personas fueron acusadas de ese delito, menos del 0,3% de los detenidos. Por cargos de agresión sexual, 303 personas, menos del 0,6 %. 

El delito de “agrupaciones ilícitas” en El Salvador alcanza también a quienes tienen relación de forma indirecta con las pandillas. “El uso de estos tipos penales imprecisos abre la puerta a detenciones arbitrarias de personas sin conexión relevante con las actividades de las pandillas y hace poco para garantizar la justicia por los abusos violentos de las pandillas, como asesinatos y violaciones sexuales”, apunta HRW.

Según datos oficiales, las autoridades salvadoreñas detuvieron, desde marzo, a 61.000 personas, de las que cerca de 3.000 quedaron en libertad, en muchos casos con penas sustitutivas. A finales de agosto, un total de 1.082 menores habían sido enviados a prisión provisional, de los que 21 tenían 12 o 13 años. 

Una ley aprobada cuando entró en vigor el régimen de excepción rebajó de 16 a 12 años la edad para imputar delitos penales en el caso de niños vinculados a las pandillas.

“Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción”, manifiesta la directora de HRW. “Los datos revelan que las autoridades salvadoreñas sometieron a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y que hicieron muy poco para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”. 

Hasta agosto de 2022, las cárceles aumentaron su población en 50.000 personas. En febrero de 2021, el sistema penitenciario del país, según información oficial, tenía capacidad para 30.000 personas. La filtración de la base de datos acredita también “que más de 7.900 mujeres habían sido enviadas a detención provisional, una cifra que duplica la cantidad total de mujeres que se encontraban detenidas en El Salvador en febrero de 2021″.

A esta situación se suman los señalamientos a la prensa y a los organismos de derechos humanos. HRW pidió al Ejecutivo “reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen”. 

Deberían empezar por abordar sus causas estructurales, “como los niveles elevados de pobreza y exclusión social, e impulsar procesos penales estratégicos enfocados en juzgar a los líderes de pandillas”.