Un tercio de los vehículos que componen el sistema de transporte de carga tiene incumplimiento de pago de patente, y en los casos en los que los titulares generan convenio de pago, en el primer año del mismo la mitad deja de abonarlo, y eso se debe a la "escasa rentabilidad del sector" y a un problema que lleva 10 años, aseguró a Café & Negocios Ignacio Asumendi, presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC).
Los transportistas denuncian que los vehículos empadronados antes y después del año 2013 tienen diferencias en el valor de la patente, aún siendo el mismo modelo y en la misma intendencia, en algunos casos de hasta tres veces más.
Y también hay diferencias "muy significativas" entre los empadronados en una intendencia y en otra, "por lo que antes era la guerra de patentes, diferencias que no han sido corregidas, y que con los ajustes por IPC se siguen incrementando", dijo.
Además, desde la gremial aludieron a los altos costos del tributo, que son los más altos de la región.
Según contó Asumendi, arreglar esa diferencia, "que es muy injusta y denota que el sistema funciona mal", es un reclamo que lleva 10 años, pero hay esperanzas de que el próximo miércoles 8 de noviembre en el Congreso de Intendentes se evalúe, ya que este miércoles en la Comisión de Aforo se podría tratar.
Aunque, en años anteriores en que se ha pedido lo mismo, "siempre se llega a este punto y luego no se llega a un acuerdo y el tema se patea para adelante".
"Si no se aprobara sería un balde de agua fría. Esperamos que eso no suceda, porque la gente tiene una gran expectativa, y seguramente (los transportistas) van a querer endurecer las medidas si no sucede, y no es la idea de cómo queremos que sea", remarcó.
Desde la ITPC se le hizo tres pedidos al Congreso de Intendentes: "lograr una patente más baja para todos, eliminar las injusticias y que el pago del tributo se controle", detalló el presidente.
Se pide un control del pago que garantice que el mismo es efectuado por todas las empresas de transporte en el entendido de que si todos pagan, el precio podría bajar, además para que el sistema sea justo.
Esta situación afecta fuertemente a los transportistas, resaltó Asumendi, porque representa un costo fijo muy representativo que, sobre todo en momentos de baja actividad, "se vuelve una carga muy difícil de afrontar", que representa una amenaza para la rentabilidad del negocio y para la competitividad de cada empresa.
Asumendi concluyó: "el reclamo es justificado y el sector ha sido muy paciente, porque han pasado 10 años y este tema no ha sido resuelto, y esto sería una denuncia muy grande para el sector político".
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