Más de 300 vecinos radicados en el balneario José Ignacio, en Maldonado, firmaron una carta dirigida al presidente Luis Lacalle Pou para pedirle que intervenga sobre la construcción de dos presuntas casas irregulares en la zona de la playa, que pertenecen a propietarios argentinos, informó el abogado Mauricio Fioroni a El Observador.
El pedido se da luego de que el grupo presentara ante el Poder Judicial demandas contra el Ministerio de Ambiente, la Intendencia de Maldonado y las dos propiedades señaladas.
En el escrito, al que accedió El Observador, los vecinos argumentan que las obras "entristecen" a toda la comunidad y representan un "atentado contra el medio ambiente" al violar, según entienden, el ordenamiento territorial y las normativas edilicias y ambientales que establece el balneario. Bajo ese argumento es que se apoyan al señalar que ambas construcciones dejarán "efectos devastadores" en la configuración de la costa, su paisaje y el desarrollo sostenible del lugar en el mediano plazo.
Las edificaciones, que no deben sobrepasar los seis metros de alto ni utilizar materiales pesados o ser levantadas sobre la arena de las dunas -según establece la normativa de José Ignacio-, corresponden, en un caso, al empresario argentino Andrés Reinaldo Rossi y en otro a Siobhan Dumas, hija del conocido chef Carlos “Gato” Dumas.
La carta cuestiona la actuación del Ministerio de Ambiente al entender que el manejo de los expedientes y el intercambio de información que tuvo con la Intendencia de Maldonado representó una "bofetada al más básico sentido común". "Entendemos que no representa en nada a las mejores tradiciones de Uruguay y a la autoridad moral con la que su gobierno se encuentra transitando este difícil período de nuestra historia", indican.
Fioroni, abogado de la Liga de Vecinos, afirmó el pasado viernes a El Observador que el ministerio tiene la "obligación" de hacer cumplir la norma: "Antes que la multa lo más importante es recomponer el ambiente que fue afectado. No sirve de nada cobrar una multa de US$ 15 mil a una persona que está haciendo una casa de US$ 1 millón y medio arriba de US$ 4 millones de tierra", dijo entonces.
Consultado por El Observador este lunes, respondió a las afirmaciones de Zelmira Sánchez Elía, integrante de la familia Dumas, quien lo acusó de mentir "lisa y llanamente" al asegurar que la casa de Siobhan Dumas excedía en más de 1,50 metros la altura del código de edificación.
"No me parece justo que se permita decir que yo miento abiertamente respecto de que la construcción excede un metro y medio cuando ello surge de un expediente oficial luego de inspeccionar y evaluar", apuntó el abogado.
Sánchez Elía había afirmado que Fioroni omitió consignar que cuando la casa de la familia fue aprobada "la altura permitida de edificación era de 7 metros, bajo las normativas hasta entonces vigentes".
Confiados en el "criterio" y la "honestidad" de Lacalle, los vecinos insisten en que el presidente tome medidas para solucionar la situación. "Además de ponerlo en conocimiento, solicitamos intervenga a los efectos de encausar la situación en los carriles de la legalidad formal y sustancial, aplique los correctivos que correspondan, en protección del medio ambiente y de los derechos fundamentales de los habitantes de este país, distinguido como Natural en el contexto de las naciones", concluye la carta.
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