El Senado aprobará hoy modificaciones al Código del Proceso Penal para el cual se logró un consenso político que aseguró los votos de la oposición. Comenzará a regir en febrero de 2017, dijo a El Observador el senador Rodolfo Nin Novoa. También aclaró que se aplicará en su totalidad y no en forma escalonada como se manejó en un principio. El tema fue abordado ayer por el candidato del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, con los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Según estimaciones de esa colectividad política, la implementación del nuevo Código tendrá un costo de US$ 25 millones anuales, pero para los jerarcas de la Suprema Corte “es más”, dijo el candidato.
Los ministros reciben en estos días a los presidenciables y uno de los temas que analizan es el presupuestal. La semana pasada recibieron a Tabaré Vázquez y a Raúl Sendic, la fórmula del Frente Amplio; ayer fue el turno de Bordaberry, quien fue acompañado por el candidato a vicepresidente, Germán Coutinho. El ciclo culminará mañana cuando sean recibidos Pablo Mieres y Conrado Ramos, del Partido Indendiente, y los integrantes de la fórmula blanca, Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga.
A la salida de la reunión, Bordaberry comentó a los medios que planteó su preocupación porque en muchas zonas del área metropolitana “la gente casi no accede a la justicia por las dificultades de trasladarse a un juzgado o porque la defensoría lleva mucho tiempo”. Se mostró partidario de extender los centros de mediación del Poder Judicial, donde se resuelve el 97% de los casos que reciben, sin necesidad de llegar a tribunales. Según supo El Observador, los ministros de la Suprema Corte le entregaron a Bordaberry una carpeta con detalles del presupuesto del Poder Judicial que ronda los US$ 157 millones anuales, detalles de su estructura orgánica y funcionamiento, los mecanismos para trasladar jueces, y detalles de los centros de mediación que la Corte aspira a ampliar con 10 más en el interior del país.
Para el candidato colorado, la mayoría parlamentaria que logró el Frente Amplio en las urnas, tuvo como consecuencia “un decaimiento del cumplimiento de las normas legales” porque los administradores “no sintieron la presión del control parlamentario”. Y cuando eso se da, “se incurre en responsabilidades y se recurre a la Justicia”, dijo.
Para el presidenciable es necesario fortalecer al Parlamento, a sus comisiones investigadoras, y además es preciso aprobar medidas contra la corrupción.
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