ONU alerta "uso indiscriminado" de objeción médica en abortos

De los siete ginecólogos que trabajan en Río Negro en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), tres son objetores de conciencia, es decir no realizan abortos. En Paysandú, el porcentaje es bastante mayor: 13 de los 16 especialistas (81%) objetan, según un estudio realizado por la organización Mujer y Salud Uruguay (MYSU) el año pasado, en el que se analizaba la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en esos dos departamentos y Soriano, en el que el 100% de los ginecólogos se niegan a hacer abortos.

Esas cifras preocupan no solo a las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, sino también a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que alertó por el "uso indiscriminado de la objeción de conciencia en los servicios de IVE". La preocupación del organismo internacional fue manifestada a través del Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación a las mujeres (Cedaw), que el mes pasado realizó sus recomendaciones en Ginebra, Suiza. Las resultados fueron presentados ayer en Cancillería y junto al Ministerio de Relaciones Exteriores participó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

A raíz de la preocupación expresada por la Cedaw, el organismo recomienda "asegurar el acceso a servicios de aborto legal e introducir estrictas justificacipnes para prevenir el uso de la objeción de conciencia como barrera".

Un informe de MYSU del año pasado destaca que "la objeción de conciencia tal como está planteada representa tanto un obstáculo tangible como intangible". "En muchos casos significa retrasar o hasta mismo negar los abortos, reforzar la estigmatización y aumentar el sufrimiento de las mujeres", agrega.

En agosto del año pasado, el gobierno perdió un juicio contra un grupo de unos 100 ginecólogos que presentaron un recursos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) por el que solicitaban se retiraran los artículos de la reglamentación de la ley del IVE que obligaba a todos los ginecólogos -fueran o no objetores- a participar del primer paso para realizarse un aborto. El fallo favorable a los ginecólogos tuvo como consecuencia que desde poco menos de un año, los médicos no tengan por qué participar en algunos de los cinco procesos para interrumpir el embarazo.

Ante esa sentencia, el Ministerio de Salud Pública (MSP) debió modificar la reglamentación. Dentro de esos cambios, además de que un ginecólogo objetor no tiene que participar en algunos de los procesos, se incluye que el equipo interdisciplinario que atiende a las mujeres debe hacerlo en forma simultánea, algo que antes no era necesario. Quienes participan en el proceso son un psicólogo, un ginecólogo y un asistente social.

La directora de Inmujeres, Mariella Mazzotti dijo a El Observador que las observaciones realizadas por la ONU responden a que en departamentos como Soriano o Salto, todos los ginecólogos se niegan a realizar abortos.

Mazzotti sostuvo que desde el fallo del TCA, el gobierno ha tenido que buscar cumplir con la sentencia sin dejar de lado que se respeten "los derechos de las mujeres".

A la organización MYSU le preocupa especialmente que las consultas se deban hacer en forma simultánea, especialmente en el interior, donde escasean los especialistas.

"El panorama es que hay que pensar en cómo se organizan los servicios. Y hay que saber si abortos son todos o todavía tenemos abortos ocultos por fuera del sistema", sostuvo en diálogo con El Observador Lilián Abracinskas, directora de MYSU. Según las ultimas cifras del MSP, en los primeros nueve meses de 2015 hubo casi 7.000 abortos, informó El País en marzo de este año. En promedio, se practican 780 abortos mensuales, casi 390 por día.

La falta de especialistas también preocupa a la ONU, que entiende que hay una "falta de acceso de las mujeres rurales a los servicios de salud sexual y reproductiva". Para solucionar ese deficiencia, recomienda que se evalúe "la disponibilidad nacional de los servicios con el objetivo de identificar departamentos y municipios desatendidos. De todos modos, el organismo reconoce como un logro que ha habido una "expansión de los servicios de salud sexual uy reproductiva".

La Cedaw realizó observaciones sobre diferentes aspectos, entre los que se encuentra, por ejemplo, la educación. En ese caso, recomendó implementar estrategias para abordar las "altas tasas de embarazo adolescente y deserción laboral, con medidas que aseguren la retención y re inserción de madres y jóvenes, incluyendo becas". También recomienda que se incremente el número de profesoras en las universidades.

Mazzotti explicó que el organismo apuntó fuerte a la participación de las mujeres en lugares de poder, así como a la eliminación de todo tipo de violencia. En ese ámbito, la Cedaw recomienda que se aumenten la cantidad de juzgados especializados en violencia de género y que haya una capacitación permanente a los jueces para que exista una "mayor sensiblidad" por parte de los magistrados, según señaló Mazzotti.

Más allá de las recomendaciones en particular, la directora de Inmujeres destacó que en Uruguay el principal problema es "socio cultural" y responde a patrones de conducta donde el hombre es el "jefe de familia" y la mujer se dedica al cuidado de los hijos. "En el discurso no se dice pero en la práctica se hace", sostuvo.