El
gobierno y la
oposición se enfrentaron ayer en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, respecto al pago de impuestos –por unos US$ 100 millones, según cálculos oficiales– que deberán hacer determinadas empresas. Los senadores Pedro Bordaberry (Partido Colorado) y Álvaro Delgado (Partido Nacional) dijeron que con esa decisión se afectará "la seguridad jurídica" del país. Esa interpretación fue rechazada por el Ministerio de Economía.
El subsecretario Pablo Ferreri (Economía) dijo ayer en el Parlamento que "no hay recaudaciones inesperadas" ni "ningún cangrejo detrás de ninguna piedra". Explicó que "el 85% de las empresas que tuvieron utilidades entre el año 2007 y 2015 y que en su distribución de utilidades debieron haber pagado 7% por concepto de
IRPF, no lo hicieron". Se está ante casos "de elusión tributaria" y no de evasión, explicó a los medios.
La oposición entiende que hubo un cambio de las reglas de juego planteadas en el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010)
"Empezamos a hurgar y el gobierno recaudará más de lo que había anunciado", dijo el senador Delgado. "No es solo el aumento al IRPF, el tope a las deducciones que son US$ 80 millones más; está el aumento a la tasa del IASS y además hay un aumento por utilidades no distribuidas de las empresas –tiene que ver con el Impuesto a la Renta Empresarial– que será retroactivo al 2007". "Además, habrá un impuesto nuevo a las empresas unipersonales", dijo Delgado, para quien, según sus cálculos, el gobierno tendrá "una recaudación adicional de US$ 150 millones".
A Bordaberry lo que le preocupa es que "en la desesperación por una situación económica complicada, el gobierno ponga normas retroactivas". Explicó que con la reforma tributaria del año 2007 se propuso a los empresarios que no retiraran dividendos y los reinvirtieran, y ahora "necesitado de dinero el gobierno da marcha atrás y al que siguió las indicaciones de la reforma le ponen más impuestos". Para Bordaberry, de votarse ese artículo, será inconstitucional.