Partidos, burocracia y república

El esfuerzo realizado por todos los senadores implicados en la investigadora de ANCAP valió la pena

Se van apagando los ecos de la sesión parlamentaria que tuviera lugar hace una semana cuando cada partido presentó sus conclusiones sobre la crisis de ANCAP. Creo, en general, que el esfuerzo realizado por todos los senadores implicados valió la pena. Gracias al trabajo de la Comisión Investigadora la ciudadanía cuenta con mucha más información acerca de ANCAP y con más elementos para discernir las causas de la peripecia reciente del ente petrolero. Pero no me propongo hacer un repaso de los valiosos aportes realizados por unos y otros en este contexto. Quisiera, hoy, detenerme en un aspecto específico del que no había tomado nota antes. Los informes presentados por los tres partidos de oposición representados en el Senado señalaron que altos funcionarios de ANCAP se negaron a brindar su testimonio a pesar de ser convocados por la Comisión Investigadora. Confieso mi asombro. Como resultará evidente, esto representó un obstáculo en el trabajo de los senadores. Tenemos un problema. Veamos este asunto más despacio.

En primerísimo lugar quiero aclarar que no es mi intención juzgar personas. Es obvio que ni me corresponde ni tengo información. Pero además, tiendo a pensar que si ocupan cargos de jerarquía en una empresa tan importante como ANCAP deben tener, junto a la imprescindible competencia técnica, idoneidad moral. Para decirlo en criollo: no conozco a los altos funcionarios que se negaron a concurrir al Parlamento pero asumo con toda naturalidad que es gente de bien. En términos estrictamente analíticos, además, el asunto se vuelve mucho más significativo si partimos de este a priori. Más allá de las personas, incluso por encima, influyendo en sus comportamientos, están lo que antes se solía llamar estructuras y que ahora se estila denominar instituciones. Dicho de otro modo: lo que vale la pena preguntarse es qué es lo que comportamientos de este tipo podrían decirnos respecto a la política uruguaya en general. A eso voy.

Nada demasiado misterioso. Nada nuevo. Así es este país. Así ha sido siempre. Los partidos estuvieron, están y probablemente seguirán estando en el futuro por encima de todo. La “divisa” manda. En el límite, la lealtad partidaria termina pudiendo más que la lealtad institucional. Así suele ser para los frenteamplistas. Pero así ha sido siempre en la política uruguaya. La “divisa” está primero. Los partidos construyeron el Estado. Los partidos inventaron la identidad nacional. Los partidos modelaron la sociedad. Los partidos construyeron la democracia. La potencia de los partidos es una clave de nuestro éxito en términos comparados. Gracias a los partidos tenemos una de las democracias más sólidas de la región. Gracias a la pasión que ponen en la lucha por el poder tenemos una de las democracias con menos problemas de representación de América Latina. Los partidos son omnipotentes y omnipresentes.

Los partidos son nuestro orgullo. Son maquinarias electorales dignas de admiración. Pero son más que eso. Transportan razones sofisticadas y tradiciones arraigadas. Los partidos son nuestra fuerza. Pero también son nuestra debilidad. En un país así, con esta historia, es muy difícil construir una administración pública verdaderamente profesional y menos partidizada. En el fondo, nada de qué asombrarse. Los partidos quieren gobernar la administración pública. Tienen toda la razón. La burocracia debe responder a los partidos porque los partidos expresan las preferencias e intereses de los ciudadanos. La burocracia no puede ser autónoma, ni manejarse exclusivamente con criterios técnicos. Pero el necesario gobierno político de la administración debe, algún día, reconocer límites.

En Uruguay la partidización de la administración llega demasiado lejos. Los “entes autónomos” que, como su nombre indica, nacieron con vocación de independencia técnica (en un tiempo, dicho sea de paso, de excepcional respeto por el conocimiento experto), no lograron escapar a la partidización. Una negociación política entre blancos y colorados los consagró en la Constitución de 1917. Otro pacto político, entre la mitad de los actores políticos relevantes en vísperas del golpe de marzo de 1933, empezó a politizarlos. Un nuevo pacto, en 1951, llevó la partidización todavía más lejos. No hay manera de equivocarse: las designaciones “políticas”, formales e informales, han sido y siguen siendo la regla a la hora de completar los cargos de mayor responsabilidad. La elite burocrática uruguaya sigue estando partidizada. Cambió de partido. Nada más.

Defiendo con pasión nuestros partidos. Reconozco sus méritos con placer. Los admiro y trato de enseñarles a mis alumnos a admirarlos como mis grandes maestros en la Universidad de la República, en su momento, me enseñaron a mí. Pero los partidos siguen llegando demasiado lejos. El necesario gobierno político-partidario de la administración pública tiene que reconocer límites. Los partidos no pueden ser más importantes que la república. No podemos admitir que la lealtad a la divisa prevalezca sobre la lealtad al parlamento. Los gerentes de las empresas de los entes autónomos le deben lealtad, primero, a la república, y después, a su partido. Por eso estoy muy de acuerdo, en este caso, con el senador colorado Pedro Bordaberry: si los funcionarios públicos no lo entienden así, será necesario legislar. Claro, no siempre los partidos tienen la lucidez y el coraje de “atarse las manos”.

Doctor en Ciencia Política, docente e investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar

adolfogarce@gmail.com


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