Piden declaración de hijo de asesinados pero INAU se opone

El hijo de la pareja acribillada a balazos el sábado pasado a medianoche mientras circulaban en su camioneta por avenida Gianattasio, y que resultó ileso, es una pieza clave para la investigación por ser un testigo que podría aportar datos de suma relevancia para la investigación.

La jueza a cargo de la causa, Marcela Vargas, aseguró a El Observador que "a nivel judicial se dispuso que una psicóloga forense concurra a interrogarlo", pero que el hecho de que el niño de siete años esté en custodia de la embajada paraguaya significa que está en terreno de ese país, por lo que dificulta la intervención.

Mientras tanto, el Instituto del Niño y del Adolescente Uruguayo (INAU), intervino en la causa junto a una jueza de familia, y los especialistas concluyeron que el menor estaba en estado de "shock traumático" por todo lo que sucedió ante sus ojos.

El problema de la "revictimización" y de volver a revivir el momento del asesinato a sus padres se transformó en un obstáculo. "A nivel penal se mandó una pericia, pero están evaluando si se va a tomar una declaración del menor", aseguró Vargas.

Sin embargo en el INAU una eventual declaración del menor se ve desde otro lugar. "El niño no debe ser indagado en este momento, pero no tomamos nosotros las decisiones. No debería ser expuesto a situaciones que lo dañen más de lo que está siendo dañado", aseguró la presidenta del INAU, Marisa Lindner a El Observador.

En este momento el niño se encuentra en resguardo del consulado de Paraguay en Montevideo hasta que la Justicia dictamine que se pueda concretar su traslado. Mientras tanto, su familia está "muy preocupada" por lo sucedido, señaló Lindner, y anoche se esperaba la llegada de su tía a Uruguay, quien fue designada tenedora provisoria del menor.

Tanto integrantes del consulado paraguayo en Montevideo, como del INAU, manifestaron que esperan que el niño pueda estar en el menor plazo posible con su familia en Paraguay.

La presidenta del INAU advirtió que lo más importante es proteger su integridad, seguridad y sus derechos humanos y "sobre todo en este momento tan traumático", pero señaló que "hay un elemento que define y es la Justicia".

El niño presenció el acribillamiento de sus padres, Ramón Quevedo Arce, de 45 años, que recibió 14 impactos de bala y Claudia Guerrero, de 40 años, que recibió dos. La familia circulaba en su camioneta por la avenida Gianattasio, cuando una sucesión de disparos que provenían, según fuentes policiales, de un vehículo Peugeot gris, provocó que perdieran el control del vehículo, atropellaran a una joven –que murió en el acto (ver página 3)- y se estrellaran contra una columna.

Hasta la noche de ayer no había detenidos por el caso y la policía continuaba en busca de la camioneta que se pudo observar en distintas cámaras ubicadas en la ruta. En esas imágenes también se aprecia el momento en el que la camioneta de los paraguayos se sale de la ruta, luego del ataque.

Tanto las fuerzas policiales uruguayas como las paraguayas, entienden que el caso se trataría de un ajuste de cuentas, teniendo en consideración que al hombre se lo vincula con el narcotráfico, causa por la cual había sido detenido años atrás en Brasil, y expulsado del país.

Fuentes cercanas a la investigación aseguraron a El Observador que se está realizando un operativo especial con peritajes de lo que se encontró dentro de la camioneta, sumado a las imágenes de las cámaras.

Consultada sobre ese aspecto, la jueza Vargas aseguró que hay gran cantidad de material para llevar adelante la investigación, pero prefirió no adelantar las estrategias.

Ramón Agustín Quevedo Arce no era un hombre desconocido para la policía uruguaya, tampoco para la brasilera y menos para la paraguaya.

En 1999 autoridades de Paraguay desbarataron una banda que traficaba droga desde ese país al departamento de Florida. Este hombre era el jefe de los delincuentes que viajaban a Uruguay a cobrar el dinero recaudado por la droga, según relataron fuentes policiales a El Observador.

Al hombre también se lo vincula con Tomás Rojas, un poderoso narco brasilero, quien es sindicado como el jefe de una organización narcotraficante que opera en la región de Alto Paraná, una región al este de Paraguay. Sumado a esto, Quevedo Arce tenía un proceso por tráfico de drogas en Brasil, del año 2002, cuando fue detenido junto a otras siete personas con un cargamento de 235 kilogramos de marihuana, en el estado de Santa Catarina, ubicado al sur de Brasil.

Todos estos antecedentes refuerzan la hipótesis de que el acribillamiento ocurrido en la noche del sábado 6 de febrero se trataría de un "ajuste de cuentas".