Piden a Vázquez poder sancionar a empleados fumadores de cannabis

En mayo del año pasado el Poder Ejecutivo que entonces encabezaba Mujica emitió el decreto 120/2014 que reglamentó la ley que reguló la producción, distribución y venta de cannabis. El artículo 42 de esa disposición habilita a los empleadores a realizar controles "no invasivos" para detectar consumo de marihuana y establece la prohibición de los trabajadores de consumir esa droga durante el horario laboral.

Según el inciso ocho del artículo 42 del decreto reglamentario, se podrá derivar al trabajador para que reciba tratamiento para su adicción pero "sin que proceda la aplicación de sanciones disciplinarias" contra el empleado si no incurrió en "otra falta concreta sancionable derivada de las obligaciones que emergen del contrato de trabajo, motivada o no por el consumo problemático de cannabis".

Los empresarios sostienen que esa limitación del decreto reglamentario excede el marco regulatorio dado por la ley y por eso alegan que la prohibición de aplicar sanciones disciplinarias por marihuana es ilegal.

Los reclamantes afirman que el inciso ocho del artículo 42 del decreto 120/2014 "ha sido redactado con desviación y abuso de poder, así como en violación a una regla de derecho" y por eso piden a Vázquez que lo derogue.

El mismo grupo de empresarios ya había pedido la anulación de esa norma a Mujica en mayo del 2014, pero la pasada administración no respondió el recurso administrativo, informó en su momento El País. Por eso ahora, y en virtud del cambio de gobierno del 1º de marzo, volvieron a reclamar la semana pasada nulidad de ese aspecto del decreto reglamentario de la ley de marihuana.

"Ante la no contestación del anterior gobierno al tema o falta de interés, se gestionó ante el actual gobierno el mismo reclamo, a fin de que se de una respuesta apuntando a la lógica, al buen sentido y al criterio", dijo a El Observador el abogado Diego Durand, quien junto a su colega Martín Carrasco asesora a las empresas reclamantes. Si el Poder Ejecutivo tampoco responde o desestima al planteo, los reclamantes presentarán una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, adelantó Durand.

Argumentos

Los empresarios afirman que al tratarse de un decreto "ilegal" el Poder Ejecutivo "debe proceder a su derogación, y de no hacerlo, a su inaplicación en todos los casos". Agregan que con esa disposición, el gobierno está "procurando invadir las relaciones laborales entre particulares coartando así la potestad disciplinaria de la parte empleadora".

"La ley reglamentada no encomendó al Decreto 120/014 la regulación de las relaciones laborales entre particulares, por lo cual existe un exceso en la regulación del Decreto referido, al abordar las relaciones privadas entre particulares", señalan los empresarios en el escrito presentado ante el Poder Ejecutivo.