Política de seguridad cuestionada

Tuvimos un formidable respaldo que está rozando el 47 por ciento, que representan casi un millón cien mil uruguayos que se han pronunciado por cambiar la política de seguridad de Uruguay”, expresó el vocero de la comisión del Sí, el diputado del Partido Nacional, Gustavo Borsari con respecto a la votación del plebiscito que proponía bajar la edad de la imputabilidad penal a los 16 años y no alcanzó la mayoría.

De todos modos, la reforma constitucional obtuvo más del 50% de los votos de la ciudadanía en diez departamentos (Artigas, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rocha, Rivera, Tacuarembó y Treinta y Tres) y para los promotores es una clara señal que el próximo gobierno deberá atender.

Los integrantes de la comisión del No a la baja, si bien celebraron el fracaso del plebiscito, admitieron que la votación que obtuvo el Sí obliga a proponer políticas sobre seguridad y admitieron que se debe trabajar en la materia. Los integrantes de la comisión, Diego Grauer y Denisse Legrand dijeron en entrevista con el periodista Leandro Gómez de El Observador TV que trabajarán en el tema y harán propuestas “serias” que no promuevan el encierro (ver nota aparte).

La vocera de la comisión, Fabiana Goyeneche dijo a El Observador que “a corto plazo” se reunirán para “evaluar y ver”. Según manifestó hay varias ideas para seguir trabajando en temas de adolescencia infractora, juventud y seguridad.

El programa de gobierno del Frente Amplio (con reales chances de obtener el tercer gobierno) en materia de menores infractores propone “profundizar el enfoque socioeducativo de responsabilización de los adolescentes infractores, desde una perspectiva de derechos, priorizando las medidas socioeducativas sin privación de libertad”.

De todos modos, el actual gobierno de la mano del Parlamento –y como respuesta a la fuerte campaña que se hizo por el Sí–, incrementó las penas a los menores infractores como no se había hecho antes. En diciembre de 2012 se aprobó la ley 19.055 que obliga a quiénes cometen delitos graves a cumplir un año mínimo de privación de libertad. Esas penas se aplican para los delitos de homicidio intencional con agravantes, lesiones gravísimas, violación, rapiña, privación de libertad agravada, secuestro, extorsión, y tráfico de estupefacientes.

Un año antes, se había aprobado otra norma que permite mantener los antecedentes de los menores que cometieron delitos graves hasta los 21 años para que luego de cumplir los 18 los jueces no los consideren primarios. Al respecto, el Partido Nacional propone en su programa de gobierno la obligación para todos los jueces de mantener los antecedentes de los menores. Hoy es preceptivo.

Y hay más. El Parlamento tiene a estudio un proyecto de ley impulsado por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi y presentado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, que propone duplicar las penas máximas de los menores infractores de 5 años a diez.

El denominado Código Penal Juvenil plantea que en el caso de las infracciones gravísimas a la ley penal se les aplicarán a los adolescentes, “los límites temporales de los adultos reducidos a un tercio, siempre que se tratara de adolescentes de 15 años cumplidos”. Eso implica que un adolescente de 15, 16 o 17 años, que comete un homicidio especialmente agravado podrá estar privado de libertad por 10 años. Hoy la ley impide que esté más de 5 años (ver las penas del Código Penal Juvenil).

Si bien el proyecto quedará en manos de la nueva legislatura, en un escenario como el que quedó compuesto con un sector mayoritario de diputados oficialistas del MPP, y con la posibilidad de que Bonomi continúe al frente del Ministerio del Interior, es posible pensar que se aprobará.

Sigue siendo tema
La comisión de Si interpretó los resultados del plebiscito como “un triunfo contundente de los uruguayos que quieren cambios en la política de seguridad”, dijo ayer Borsari en conferencia de prensa. Agregó que el porcentaje que obtuvo la reforma, tuvo votos de todos los partidos políticos, desde el PERI y Asamblea Popular hasta los partidos tradicionales.

Por su parte, el diputado colorado Fitzgerald Cantero, otro de los voceros de la comisión resaltó que la cantidad de gente que apoyó el plebiscito es la misma cantidad de gente que votó ayer al Frente Amplio. “Hay una señal muy fuerte que deberá ser tenida en cuenta por el próximo gobierno”, aseguró.