Sin separación de poderes
A diferencia de Uruguay, en Venezuela existen cinco poderes; los tres tadicionales más el Poder Electoral (que funciona solo en tiempo de elecciones) y el Poder Moral (que es el pueblo sin ningún peso específico). El Poder Ejecutivo venía extendiendo sus brazos desde hace un tiempo para dominar todos los poderes del Estado. En apariencia esos cinco poderes funcionaban de manera independiente. Pero en los hechos el gobierno tenía control de todo, incluso del Poder Legislativo al que le obstaculizaban su funcionamiento.
Justicia chavista
Uno de los poderes que cayó bajo pleno dominio del gobierno chavista fue el Poder Judicial. De los 32 magistrados que conforman ese poder, apenas 11 habían sido elegidos legalmente. El resto accedieron a su cargo sin las mayorías necesarias y el último día de la legislación anterior. Diputados del régimen se votaron a sí mismos para llegar a ese lugar, una estrategia de "respaldo" en caso que perdieran la elección legislativa, tal como terminó sucediendo. De esta manera el Tribunal Supremo de Justicia dejó de ser un poder independiente para transformarse en una herramienta al servicio del gobierno.
La treta de los tres diputados (1)
A principios de 2016 la oposición venezolana -que gozaba de mayoría en la Asamblea Nacional- accedió al pedido del Tribunal Supremo de Justicia de "desincorporar" a tres diputados de Amazonas para evitar que el TSJ considerara nulas todos los actos legislativos del Parlamento. Habría un nuevo llamado a elecciones para llenar esas tres bancas pero el Tribunal Electoral que controla el
chavismo nunca llamó a elecciones.
La treta de los tres diputados (2)
Con esas tres bancas vacías el chavismo impulsó desde el Ejecutivo y la Justicia el argumento de que la Asamblea Nacional no cumplía con sus funciones y terminó por anular las competencias del Parlamento para pasarlas a la órbita de la Justicia. De esta forma, Maduro liquidó el status quo que le permitía seguir funcionando como una dictadura con apariencia de
democracia. Aunque hacía tiempo que el trabajo del Legislativo estaba coartado por la Justicia chiavista.
Inconstitucional
La anulación de las competencias de la Asamblea Nacional y el traspaso de estas al Tribunal Supremo de Justicia, así como la asunción de poderes extraordinarios en materia penal, militar, económica, social, política y civil por parte de Nicolás Maduro no están previstas en la
Constitución de Venezuela. No hay ningún tipo de fundamento legal que permita que la Justicia intervenga al Poder Legislativo de esa manera, ni que se le quite inmunidad a los diputados.
Presos políticos
El gobierno de Maduro, como la mayoría de las dictaduras, tiene presos políticos. En centros de reclusión confinan a quienes ofrecen un discurso contrario y molesto para el régimen. El líder oposito, Leopoldo López, está preso desde hace tres años en una cárcel militar en donde ha sufrido toda clase de apremios. Además de tener presos políticos en Venezuela no se respetan derechos humanos básicos como la libertad de expresión y el acceso a comida, vivienda y salud.