Por qué la Justicia de Italia falló sobre delitos cometidos en Uruguay

Los uruguayos se ampararon en que los desaparecidos tenían nacionalidad italiana e iniciaron el juicio en 1998
La legislación italiana permite juzgar delitos cometidos contra ciudadanos italianos aunque no hayan ocurrido en esa jurisdicción, y de eso se agarraron en 1998 familiares de algunos desaparecidos de nacionalidad italiana para buscar la justicia que en Uruguay no encontraban.

Fue así que el fiscal italiano Giancarlo Capaldo inició la investigación contra una centena de militares y civiles sudamericanos por los crímenes perpetrados contra ciudadanos italianos durante la década del 70 en lo que fue el denominado Plan Cóndor. Tras diez años de investigación, el fiscal logró reunir las pruebas e iniciar las audiencias, que comenzaron en febrero de 2015.

Además, el Estado uruguayo pasó a ser parte civil del juicio lo que permitió presentar testigos y pruebas. El secretario de la Presidencia, Miguel Toma, viajó a Italia en dos oportuniades, enviado por presidente Tabaré Vázquez para entregarle al fiscal italiano pruebas para el juicio. En concreto llevó las sentencias traducidas que se dictaron en Uruguay contra los militares enjuiciados en Italia, y que demostraba su participación en el Plan Cóndor.

Tras finalizar la indagatoria, el fiscal solicitó iniciar un proceso penal por secuestro de personas y homicidio múltiple agravado contra una treintena de ellos, por el crimen de 23 ciudadanos italianos,
de los cuales 13 son italo-uruguayos.

Los militares acusados rechazaron la jurisdicción de la Justicia italiana para investigar y juzgar estos hechos (ver recuadro) pero como la normativa italiana permite los juicios en rebeldía, el juicio pudo seguir adelante sin su testimonio.

De todos modos, en pararlelo a la indagatoria italiana la Justicia uruguaya logró avanzar y enjuició tanto el excanciller Juan Carlos Blanco como los militares por las desapariciones y homicidios de los ciudadanos uruguayos desaparecidos en Argentina en 1977 y 1978, los mismos hechos por los que se los juzgó en Italia.

El único que no pudo ser procesado fue Jorge Tróccoli. Si bien Mirtha Guianze cuando era fiscal penal había pedido su procesamiento con prisión, junto al del exdictador Gregorio Álvarez y el marino Juan Carlos Larcebau, Tróccoli no compareció a la audiencia ratificatoria y se fugó del país.

El marino fue detenido en Italia en diciembre de 2007, a raíz de la orden de captura internacional emitida por la Justicia uruguaya pero la extradición no se concretó porque entonces embajador uruguayo en Italia, Carlos Abín, entregó la solicitud de extradición fuera del plazo. Esa demora le costó el cargo al Abín y fue sustituido por el embajador fallecido Alberto Breccia.

Según informó el periodista Roger Rodríguez, también testigo de esta causa, se buscaba hacer justicia por la desaparición de seis uruguayos con ciudadanía italiana: Ileana Sara María García Ramos de Dossetti, Edmundo Sabino Dossetti Techeira, Yolanda Iris Casco Ghelpi de D'Elía, Julio César D'Elía Pallares, Raúl Edgardo Borelli Cattáneo y Raúl Gámbaro Núñez. Otros ciudadanos desaparecidos ítalo uruguayos eran Armando Arnone Hernández, Daniel Banfi Baranzano.

Otros uruguayos desaparecidos y que forman parte de la causa son: Alberto Corchs Laviña, Elena Paulina Lerena Costa, Alfredo Fernando Bosco Muñoz, Guillermo Manuel Sobrino Berardi, Gustavo Alejandro Goycochea Camacho, Graciela Noemi Basualdo Noguera,María Antonio Castro Huerga de Martínez, José Mario Martínez Suárez, Aída Celia Sanz Fernández, Elsa Haydee Fernández Lanzani de Saenz, Atalivas Castillo Lima, Miguel Ángel Río Casas, Eduardo Gallo Castro, Gustavo Raúl Arce Viera, Juvelino Andrés Carneiro Da Fontoura Gularte, Carlos Federico Cabezudo Pérez, María Asunción Artigas Nilo de Moyano, Alfredo Moyano Santander y Célica Elida Gómez Rosano.

Los argumentos de unos y otros

Entre los 70 testigos que declararon en el juicio en Roma, lo hizo Martín Ponce de León, quien fue diputado y subsecretario de Industria en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Según recogió el semanario Brecha en setiembre pasado, al dar su testimonio Ponce de León se refirió a "la verticalidad de las Fuerzas Armadas" y dio información sobre el ir y venir de los oficiales de la Marina de Uruguay a Argentina. Declaró que en el Pozo de Banfield, donde estuvo secuestado junto a otros uruguayos y argentinos, "una de las constantes era el ruido de la máquina de escribir, porque el orden burocrático era imprescindible... La información de los detenidos y de quien estaba a su cargo existe, la burocracia es detallada", dijo. "Es imposible creer que no se esté en condiciones de tener mucha más información", agregó.

Por su parte, el abogado defensor del marino Jorge Tróccoli, Francesco Guzzo, argumentó sobre el rol marginal de Tróccoli, porque "era un simple teniente de navío que no podía tomar ninguna decisión en forma autónoma, porque tenía siete grados de mandos superiores a él".

A su vez, el abogado Carlo Zaccagnini, quien ejerció la defensa de los imputados José Nino Gavazzo, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Juan Carlos Larcebeau y Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, estructuró su defensa en torno al concepto de error judicial. Aseguró que el juicio tramitado en Roma excede las normas de la competencia territorial, viola las leyes del proceso penal uruguayo y tiene fundamento en una lectura distorsionada de l ordenamiento jurídico.

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