Profesionales universitarios lanzan ofensiva para cambiar el Fondo de Solidaridad

Entre otras cosas, plantean que quienes aporten estén ejerciendo la carrera que estudiaron
.La lista de los asociaciones que se presentaron el miércoles 10 ante la comisión de Educación y Cultura del Senado fue muy amplia, y tenía un fin preciso: plantear modificaciones al Fondo de Solidaridad, del que los egresados de carreras terciarias públicas se sienten rehenes desde hace varios años.

Hace poco más de tres meses, asociaciones y colegios de profesionales comenzaron a tener reuniones semanales –por momentos más frecuentes– para elaborar un anteproyecto de ley con cambios al Fondo, la forma en la que se paga y el tiempo por el que los egresados de carreras terciarias públicas deben aportar.

Entre otros participaron el orden de egresados del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República (Udelar), la Asociación Uruguaya de Egresados Terciarios de la Educación Pública, la Agrupación Universitaria del Uruguay, el Colegio de Abogados del Uruguay, la Asociación de Escribanos del Uruguay, el Sindicato Médico del Uruguay, la Asociación de Ingenieros del Uruguay.

El Fondo de Solidaridad tiene como principal objetivo el pago de becas a estudiantes terciarios de la educación pública por un monto mensual de dos bases de prestaciones y contribuciones (BPC) ($ 7.222, según su valor actual).

Esas becas se financian con los aportes de todos los egresados de centros terciarios públicos a partir de su quinto año de egreso.
Ante los senadores, Federico Kreimerman, integrante del Consejo Directivo Central de la Udelar por el orden de Egresados, indicó que aspiran "a modificar de fondo el sistema. Aquí (por el documento) hay algunas propuestas tendentes a lograr un estado de transición para modificar cosas que creemos que deben transformarse con urgencia porque entendemos que provocan serios problemas a muchos profesionales", sostuvo.

El documento fue creado en base a propuestas de todos los grupos participantes, lo que demoró su elaboración porque hubo que llegar a un consenso. Uno de los planteos es que los aportes los realicen quienes hacen "efectivamente ejercicio de su profesión, es decir, que obtengan un beneficio económico producto de los estudios realizados y los conocimientos adquiridos en la educación terciaria pública".

Aunque no se trabaje de lo que se estudió, actualmente el pago se realiza durante 35 años o hasta que se deje de trabajar y se cobre una jubilación. En cuanto a la cantidad de años que se aporta, los egresados también plantean en el anteproyecto que los aportes sean por 20 años y que se pague la mitad de lo que hoy se paga. Además, plantean eliminar un pago adicional agregado en 2002, que se destina enteramente a la Udelar.

La primera vez que el documento vio la luz fue el miércoles 10 ante los senadores que integran la comisión de Educación y Cultura.
El presidente de la Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU), Duilio Amándola, indicó a El Observador que se están realizando gestiones en el Ministerio de Economía para que reciban el documento.

Como son conscientes de que llevará tiempo antes de que su propuesta se llegue a transformar en un proyecto de ley, la apuesta de los egresados a corto plazo es la próxima Rendición de Cuentas. La presidenta de la Asociación de Escribanos, Ana María Ramírez, dijo a los legisladores que la aspiración es que puedan "tener una oportunidad en la ley de Rendición de Cuentas". "Aunque sea que se mejore en algo nuestra situación", agregó.

Los egresados consideran la propuesta presentada como "un paso intermedio para llegar a una política de Estado de becas para el Presupuesto Nacional de 2020", según explicó en la comisión de Educación del Senado la presidenta de la Asociación Uruguaya de Egresados Terciarios de la Educación Pública (Audetep), Adriana García.

El porqué
El principal motivo para presentar un anteproyecto de ley que modifique la forma en la que está planteado el Fondo de Solidaridad tiene que ver con la gratuidad de la educación pública. El documento, al que accedió El Observador, destaca que tal como están las cosas "se vulnera la gratuidad de la educación", consagrada en la Constitución, en la Ley Orgánica de la Universidad y en la Ley General de Educación, porque "no importa si la profesión se ejerce o no".

"Al mismo tiempo, los titulados en universidades privadas no pagan, bajo el argumento de que ya pagaron su carrera. Esto refuerza el hecho de que el Fondo de Solidaridad y el adicional vulneran la gratuidad de la educación terciaria pública. Las reglas deberían ser iguales para todos, independientemente de cómo hayan decidido financiar su educación", indica.

De todos modos, como el objetivo del Fondo de Solidaridad es financiar becas para estudiantes terciarios, el primer planteo de los egresados es la creación de un Fondo de Becas de Estudios Terciarios (Fonabet) "que tenga como fin administrar un sistema de becas para estudiantes de la Universidad de la República, la Administración Nacional de Educación Pública y de la Universidad Tecnológica".

La furia de los egresados se potenció a principios de este año, cuando el 10 de enero el Poder Ejecutivo reglamentó que debían realizar sus pagos de manera mensual y no anual, como se venía realizando. El costo de la cuota aumenta dependiendo de los años que duró la carrera y cuánto tiempo se lleva de egreso.

En caso de no pagar, los contribuyentes pueden ser enviados al clearing e incluso en las empresas donde trabajan se les puede retener el sueldo. En febrero, El Observador consultó a las autoridades del Fondo de Solidaridad sobre la cantidad de contribuyentes en el clearing, pero no dieron la cifra. Audetep estima que rondan los 6.000.

Los puntos de consenso




ingreso

Los egresados plantran que el mínimo no imponible mensual para exonerar el pago se fije en 16 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), que actualmente equivale a $ 57.776.Tal como está fijado el aporte al Fondo de Solidaridad hoy en día, deben pagarlo aquellos cuyos aportes sean de 8 BPC, es decir, que tienen ingresos que representan la mitad del mínimo que pretenden fijar los egresados a través de un proyecto de ley.

Adicional.

Para los egresados de carreras universitarias se debe eliminar el pago adicional que fue fijado en 2002 y que es recibido en su totalidad por la Universidad de la República (Udelar). El adicional lo pagan solamente los exalumnos de carreras de la Udelar que tienen cinco años o más de egresados y representa un pago anual de unos $ 6.000, según el valor de 2017. Desde enero, los contribuyentes lo deben pagar en 12 cuotas.

Años

El Fondo de Solidaridad se paga a partir del quinto año de egreso de cualquier carrera universitaria pública, de la UTU o de la Universidad Tecnológica. Hoy los contribuyentes deben aportar durante 35 años o hasta que se deje de trabajar y se cobre una jubilación. La propuesta de los egresados incluye que el aporte pase de 35 a 20 años.

Administración.

Uno de los puntos más cuestionados del Fondo de Solidaridad es el salario que cobran sus autoridades. El organismo tiene, por un lado, una comisión administradora con cargos honorarios y una administración cuyos integrantes cobran sueldos. Precisamente, los salarios de cargos como el de gerente general son cuestionados por los egresados. A modo de ejemplo, el gerente general del Fondo de Solidaridad –actualmente el contador Enrique Miranda– cobra mensualmente $ 245.745. Ese salario se paga con parte de los aportes realizados por los contribuyentes. Por ese motivo, una de las propuestas incluidas en el anteproyecto de ley presentado es que se bajen los costos administrativos, que implican casi 9% de los aportes percibidos.

Clearing

Si un contribuyente no paga el Fondo de Solidaridad puede ser enviado al clearing de informes y su salario retenido. El anteproyecto de ley de los egresados indica que "en todas las soluciones que se implementen, la modalidad de recaudación no debe basarse en una política coercitiva, en la cual se aplican retención de salarios, clearing de informes y sanciones judiciales, que transforman la imposibilidad del pago o atraso en una vulneración en el ejercicio de los derechos de los agresados".

trabajo.

Que una persona no ejerza la profesión que estudió no es excusa para no aportar al Fondo de Solidaridad. Según el documento presentado en el Parlamento el miércoles 10, eso debería modificarse para que solamente aporten quienes trabajen de lo que estudiaron.



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