Reclamos de las víctimas y la "lista de espera" de delincuentes

Familiares, oposición y actores judiciales reclamaron seguridad en un seminario organizado por Fundapro

El descontento de la oposición con el gobierno por la falta de resultados en la comisión multipartidaria por seguridad estuvo presente en el seminario sobre el tema organizado por Fundación Propuestas (FundaPro), del Partido Colorado, en el que participaron representantes del sindicato policial, víctimas de las delincuencia, la jueza de menores Aída Vera Barreto, el fiscal Gustavo Zubía, el catedrático Miguel Langón, referentes partidarios (Álvaro Garcé, del Partido Nacional y Guillermo Maciel, del Partido Colorado) y el publicista Esteban Valenti (quien integró el sector liderado por el ministro de Economía, Danilo Astori, hasta este año). Aunque hubo matices en el diagnóstico de la situación, primó el lamento entre los expositores. "Todos tenemos la sensación de que estamos en la lista de espera" de los delincuentes, dijo Valenti. Esta es "una sociedad que se nos va de mambo", agregó Zubía.

El seminario comenzó con una exposición sobre "la visión de los actores sociales". Patricia Rodríguez, del sindicato de funcionarios de Policía de Montevideo, advirtió que "el policía está teniendo miedo de proceder" y recordó, en ese sentido, los cuestionamientos a policías que han abatido a delincuentes. "No queremos gatillo fácil pero tampoco un policía con miedo", agregó. La representante de los agentes también planteó su preocupación por "las condiciones lamentables" de las cárceles. "Hay dos policías para casi 600 presos (...) Si no se contiene a tiempo es cuestión de que explote en cualquier momento", dijo Rodríguez.

Luego fue el turno de dos expositoras que perdieron familiares en rapiñas: Graciela Barrera (Asociación de familiares y víctimas de la delincuencia) y Sandra González Antuña (Asociación civil de seguridad y justicia). Mientras Barrera pidió luchar contra la "impunidad" (el homicidio de su hijo aún no ha sido aclarado), González Antuña advirtió que "la víctima sigue necesitando un abogado para poder participar y tener noción de lo que es un proceso". En ese sentido, criticó al Ministerio del Interior porque "no gasta un peso". González Antuña pidió "un asistente social, un abogado, un psicólogo y la participación de una asociación civil" que contenga a las víctimas.

Al finalizar su exposición, recordó que "cuando matan a un familiar, matan a una familia entera". Sus palabras fueron apoyadas por otras víctimas de la delincuencia que también perdieron a familiares y que estaban presentes en el seminario realizado en el Palacio Legislativo. En ese momento, una decena de hombres y mujeres se pararon y levantaron al frente carteles con el rostro de las víctimas al pedido de "Justicia".

Asesinatos y libertades

El fiscal Zubía, que preside interinamente la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal del Uruguay, reiteró sus habituales críticas al sistema. "El sistema filosófico, legislativo, ejecutivo y judicial está embuído por sentimientos de piedad que poco hacen bien a la convivencia social", dijo el fiscal, que lamentó el discurso que llama la delincuente "pobrecito". Luego advirtió que en algunos casos "el hombre mata por el placer de matar".

El fiscal consideró que las penas hoy son blandas, que debería haber más personas en las cárceles, pero que la situación puede ser aún peor si no se modifica el artículo 295 del Código del Proceso Penal, que entrará en vigencia el 16 de julio de 2017. Ese artículo estipula la libertad condicional, que puede habilitar al delincuentes a quedar libre al ser condenado. "La libertad condicional termina por fomentar la impunidad absoluta. Y con una impunidad absoluta no nos desgarremos las vestiduras diciendo '¿qué está pasando en nuestro país?'", sentenció. En ese mismo sentido, el catedrático Langón advirtió que "las penas se tienen que cumplir".

Por su parte, la jueza de Adolescentes Vera Barreto advirtió que "los padres no existen la mayoría de las veces" en los juicios y planteó su posición con respecto al aumento de penas. "En algún caso amerita 10 años de prisión" para los menores, dijo la magistrada, que se refirió a adolescentes con "cuatro o cinco homicidios". Hoy la pena máxima para los adolescentes es de cinco años. Una comisión formada por el gobierno del Frente Amplio presentó una propuesta de elevar a 10 años la pena máxima, pero la iniciativa no prosperó.

Valenti y la cacería de chorros

La tercera mesa estuvo formada por Garcé, Valenti y Maciel. El excomisionado parlamentario aseguró que la comisión interpartidaria que trabajó durante tres meses en tema de seguridad fue "una oportunidad perdida" y "pobre en resultados". Garcé también recordó que su partido propone aumentar las penas para los adolescentes en delitos graves, tanto las mínimas (de uno a dos años) como las máximas (de cinco a 10).

"Me preocupan algunas coincidencias", dijo luego Valenti. "Todos tenemos la sensación de que estamos en la lista de espera" de la delincuencia, aseguró el publicista, quien agregó que hoy se vive "una situación límite que exige valentía". Finalmente, apuntó a las autoridades. "La batalla cultural es la del liderazgo en la Policía, la de liderazgo en el Ministerio del Interior, de que no hay que dormir en la casa y hay que salir a cazar a los chorros", expresó.

El seminario fue cerrado por Maciel, director de FundaPro, que aseguró que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi "ha logrado consolidar la inseguridad en el país". En referencia a ello, agregó que "prácticamente no se esclarecen los delitos" y que "la mitad de los homicidios quedan impunes". Finalmente, Maciel cuestionó la comisión multipartidaria y la equiparó con otras similares formadas durante los últimos dos gobiernos. "Cada cuatro años nos sentamos a discutir lo mismo", sentenció, y cerró así una mañana llena de reclamos.


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