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Reformitis sin sentido
La decisión del Plenario del Frente Amplio de insistir en reformar drásticamente la Constitución a su medida es tan inoportuna como injustificada. Algunos de los cambios propuestos supondrían dar vuelta la estructura institucional del país al conferir mayor autoridad al Poder Legislativo en detrimento del Ejecutivo, paso que no tiene otra explicación que los arrestos de parlamentarios ambiciosos. Limitar el poder de veto del presidente de la República eliminaría un instrumento idóneo para frenar errores legislativos que suelen darse con demasiada frecuencia, hasta en la redacción de las leyes.
Se procura también coartar la autoridad de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). El documento del Plenario dice que quiere asegurar un Poder Judicial “independiente”, implicando sin fundamento alguno que la actual estructura no lo es. Lo que realmente hay detrás de esta iniciativa es el enojo frenteamplista con la SCJ por fallos de inconstitucionalidad de leyes defectuosas durante la administración Mujica y la actual. Otra propuesta es recurrir más a la democracia directa a través de consultas populares, medio seguro de trabar la gobernabilidad en un país que necesita más acción ejecutiva y menos asambleas de debates.
El proyecto quiere también incluir en la Constitución al Sistema Nacional de Cuidados instituido por el presidente Tabaré Vázquez, con el fin de evitar que algún gobierno futuro lo deseche. La preocupación es superflua. Por de pronto no está funcionando. Y si el sistema resultara efectivo, a ninguna administración se le puede ocurrir descartarlo para descuidar a los niños y a los adultos mayores a quienes está dirigido. Otro punto sin sentido es redefinir el derecho de propiedad, ya establecido con justeza en la Constitución, para dar entrada a formas de propiedad social, comunitaria y cooperativa. El funesto objetivo es eliminar derechos legítimos de propietarios para transferirlos a otras personas o grupos según el criterio de algún gobierno.
El derecho de voto a los ciudadanos residentes en el exterior, tema de controversia ciudadana, ya fue rechazado en un plebiscito y carece de razón volver a intentarlo. Es pertinente dar mayor autoridad a la Junta de Transparencia y Ética Pública y al Tribunal de Cuentas para combatir la corrupción y alentar la transparencia en los asuntos públicos. Pero puede hacerse a través de leyes, sin necesidad de seguir toqueteando la Constitución. La defensa del medioambiente está cada vez más en la agenda de los gobiernos y ciertamente no requiere una disposición constitucional. Y creer que la inserción internacional debe centrarse en la integración de los países de la región es cerrar los ojos al fracaso del Mercosur, a la inoperancia de la Unasur y a otros tantos ejemplos de fiascos regionales.
Afortunadamente los inconvenientes prácticos para llegar a la reforma propuesta tornan improbable que fructifique. Incluso dentro del propio Frente Amplio hay sectores y dirigentes que la rechazan, enfatizando que el país tiene problemas más apremiantes que atender. Y se ha señalado también que es inoportuno plantearla cuando la popularidad del gobierno está en declive. Tal vez este último punto ayude a disuadir a los promotores de una iniciativa teñida de improcedentes intereses partidarios y que solo llevaría al país al desorden y la disgregación.
