Régimen jubilatorio uruguayo es el que más ayuda a bajar pobreza

La reforma de los sistemas previsionales será uno de los principales desafíos de política económica que enfrentará la región en las próximas décadas. Sin embargo, Uruguay está entre los países mejor preparados para hacer frente a ese reto, liderando en la región con el mayor nivel de cobertura de las pensiones contributivas entre los adultos mayores y un importante nivel de formalización, que tiene su correlato en un menor nivel de pobreza y desigualdad.

Así lo señala el libro Mejores pensiones, mejores trabajos: hacia la cobertura universal en América Latina y el Caribe, que presentará hoy el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington DC (EEUU).

En Uruguay, alrededor de 77% de la población mayor de 65 años recibe una pensión contributiva. Esto es, una jubilación producto de los aportes mensuales realizados durante su vida laboral activa. Ese porcentaje no supera el 41% en la región y el segundo país en el ranking, después de Uruguay, se encuentra en el entorno de 68%.

En el caso de Argentina y Bolivia, la menor cobertura de las pensiones contributivas es compensada por la prestación de pensiones no contributivas, que no requieren aportes por parte de los beneficiarios. De ese modo, si se suman ambos tipos de pensiones, Uruguay se encuentra tercero, detrás de esos dos países.

Sin embargo, el estudio distingue ambos tipos de prestaciones y señala que las prestaciones no contributivas deben usarse para paliar la problemática actual y evitar que un importante porcentaje de la población caiga en situación de pobreza. Eso, en tanto, no asegura que la clase media mantenga su capacidad adquisitiva una vez que alcance el retiro en la tercera edad.

Pobreza y desigualdad

El libro, presentado por el BID y escrito por los expertos Mariano Bosch, Ángel Melguizo y Carmen Pagés, evalúa el impacto que tienen los distintos sistemas jubilatorios sobre los principales indicadores sociales.

Los investigadores analizan los casos de Argentina, Bolivia, Brasil, México, Perú y Uruguay, y concluyen que el sistema jubilatorio local es el que tiene un mayor impacto a la hora de reducir la pobreza y la desigualdad. En el caso de la pobreza –entendida como el porcentaje de la población que vive en hogares que perciben ingresos menores a US$ 2,5 por día–, el estudio muestra que en el caso uruguayo las jubilaciones tienen un fuerte impacto progresivo, reduciéndola de 8,5% a 5,1%.

En tanto, el índice de Gini, principal indicador de desigualdad –que va de 0 a 1–, pasa de 0,527 antes del pago de jubilaciones y pensiones, a 0,492, con una reducción de 6,6%. En el caso de Bolivia, el sistema previsional es neutral respecto a la desigualdad, mientras que en México y Perú es regresivo, lo que significa que esos países son menos equitativos luego del pago de pasividades.

La formalidad es la clave

El principal enemigo de la falta de prestaciones es la informalidad. En ese sentido, Uruguay ocupaba en 2010 una de las mejores posiciones del continente en términos de formalidad, con un nivel cercano a 80% de la población ocupada cotizando a la seguridad social. Solo Costa Rica se encontraba por encima de ese nivel.

Según el informe, “acceder a un empleo formal facilita el acceso a la clase media, incluso se ha considerado una condición necesaria para ello”. Sin embargo, “la realidad en América Latina y el Caribe es que las nuevas clases medias de la región son todavía mayormente informales y están expuestas a una gran vulnerabilidad si las condiciones económicas dejan de ser igual de favorables”.

El problema de la informalidad, según el estudio, se centra en los incentivos que muestran los países para el trabajo en negro y la falta de estímulos para el ingreso a la actividad formal.

En los últimos años, Uruguay tuvo un importante proceso de formalización. Según las cifras divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje de los trabajadores uruguayos que trabajan en negro pasó de 35% en 2006 a 24,6% en agosto de este año.

El BID, en su informe, reconoce el impacto favorable de algunas iniciativas oficiales realizadas en los últimos años. Según sostiene, la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud incrementó de 3% a 6% el aporte de los trabajadores para financiar la salud, pero en contrapartida se expandió la atención médica a los hijos del contribuyente. El informe concluye que “tuvo interesantes efectos sobre los incentivos” a la formalización.

Al mismo tiempo, destaca los cambios regulatorios en materia de monotributo, que facilita el acceso a una jubilación a los trabajadores por cuenta propia. El BID pone a Uruguay en el grupo de países que “están haciendo grandes avances” en materia de formalización.