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Se fue el último avión de Pluna y ahora resta saber a quién le toca cobrar
El concurso judicial de Pluna Sociedad Anónima cerró la venta del séptimo Bombardier CRJ-900 que formaba parte de la flota de la aerolínea de bandera, por lo que en total ingresaron casi US$ 69 millones que podrán ser usados para cubrir deudas de la empresa. La última aeronave se irá del aeropuerto de Carrasco en los próximos días y cuando eso ocurra ya no quedará en Uruguay ninguno de los aviones que perteneció a la aerolínea liquidada el 5 de julio de 2012 por insolvencia financiera, según dijeron a El Observador fuentes vinculadas al proceso.
La sindicatura del concurso de Pluna (que es ejercida por la Asociación Uruguaya de Peritos) recibió el lunes de parte de la empresa estadounidense Strategic Air Finance (SAF) el depósito por la venta del séptimo avión.
De esa forma la sindicatura, que representa los intereses de los acreedores de la aerolínea, logró US$ 69 millones que están depositados en una cuenta del banco Santander a disposición del juzgado de concursos que actualmente encabeza la magistrada Sylvia Rodríguez.
Originalmente, los siete aviones habían sido vendidos a SAF por US$ 77 millones. Sin embargo, debido a fallas que se detectaron en nueve de los 14 motores de las aeronaves, se descontaron US$ 6,3 millones de ese precio, lo que arrojó un valor total de US$ 70,7 millones lo que descontando gastos deja un ingreso al concurso de US$ 69 millones.
Los siete aviones habían sido comprados por Pluna en 2008 durante la gestión del exgerente general de la empresa, Matías Campiani, quien fue procesado en diciembre de 2013 por irregularidades detectadas en la administración de la empresa.
La compra de las aeronaves por parte de Pluna fue financiada por Scotiabank de Canadá con garantía del Estado uruguayo y tuvo un costo de US$ 203 millones (US$ 29 millones cada uno). Desde que la aerolínea cerró en julio de 2012, las cuotas semestrales al Scotiabank vienen siendo pagadas por Pluna Ente Autónomo a base de partidas liberadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Subordinado
Ese fideicomiso organizó el fallido remate del 1º de octubre de 2012 que derivó en los procesamientos del exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del expresidente del Banco República, Fernando Calloia (cuya imputación fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia la semana pasada), por la emisión de un aval de US$ 13,8 millones en favor de la empresa española Cosmo sin el debido procedimiento administrativo.
A pedido de la sindicatura, a fines de 2014 la Justicia estableció que los créditos que Pluna Ente Autónomo tiene para cobrar contra Pluna SA en su condición de accionista minoritario son subordinados y no privilegiados. Eso implica que el Estado iría a cobrar al final de la lista general de acreedores que reclaman deudas por casi US$ 200 millones.
Pluna Ente Autónomo apeló esa resolución en busca de que sus créditos sean considerados privilegiados. Si eso pasara, los US$ 69 millones que ingresaron al concurso por la venta de los siete aviones serían para el Estado.
La sindicatura inició otras acciones en busca de que a la masa concursal ingresen otros fondos para que, llegado el momento, los acreedores cobren. Por un lado, los síndicos iniciaron un juicio civil contra Leadgate (Campiani y sus socios) por capitalizaciones incumplidas por US$ 52 millones. Y por otro, la sindicatura pidió que el concurso de Pluna sea declarado "culpable", lo que implicaría que los socios privados y el Estado deberían responder por la diferencia que el concurso no pueda cubrir.
Corte analiza caso del escribano
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) tiene a estudio el caso del escribano Pablo Seitún, procesado sin prisión el año pasado por irregularidades en la certificación que emitió en octubre de 2012 antes del frustrado remate de los aviones de Pluna. Seitún fue procesado sin prisión en abril de 2014. En octubre fue absuelto por un tribunal y ahora la SCJ debe decidir sobre su caso.
Nueva jueza mandó presa a madre que golpeó a maestra
El concurso de acreedores de Pluna se inició en julio de 2012 y todavía no hay certeza respecto a cuándo culminará ese proceso judicial que determinará qué montos y en qué orden cobrarán las empresas y las personas físicas que tienen créditos para cobrarle a la desaparecida aerolínea.
El concurso de Pluna SA se está tramitando ante el Juzgado de Concursos de 1er Turno, que durante varios años estuvo a cargo de la magistrada Teresita Rodríguez Mascardi, quien recientemente se jubiló.
Hace pocas semanas, la Suprema Corte de Justicia designó en su lugar a la jueza Sylvia Rodríguez, que ahora ocupa la titularidad de esa sede y quien será la responsable de resolver en primera instancia sobre el concurso de Pluna SA. Rodríguez se desempeñó anteriormente como jueza en la ciudad de Las Piedras.
Y justamente, por su labor en su destino anterior, la magistrada adquirió gran notoriedad pública a mediados de junio cuando procesó con prisión a la madre de un alumno de una escuela pública que agredió a una maestra. La mujer, que fue enviada a la cárcel por la jueza Rodríguez, agredió a una maestra de la escuela 244 de Las Piedras.
La resolución implica una gran novedad, dado que es la primera vez que la Justicia envía a la cárcel a una persona por agredir a un maestro, más allá de que esas situaciones son relativamente habituales aunque hasta ahora (casi una decena de casos en 2014 y un antecedente previo este año) no se había dispuesto la reclusión de la persona procesada.
