contra cinco personas por filtración y publicación de documentos se reanudará mañana después de estar tres meses y medio estancado y sin interrogar a ningún imputado. Entre los acusados se encuentra el sacerdote español Lucio Vallejo Balda, secretario de la ex Comisión Investigadora de los organismos económicos y administrativos del Vaticano, lugar de donde provenían la mayoría de los archivos revelados.
Los documentos han servido para nutrir los dos libros de dos periodistas en los que se da cuenta de irregularidades financieras en el Vaticano antes de las reformas de
Francisco o de los excesos de gasto cometidos en algunos casos por cardenales.
Vallejo Balda fue detenido el 1 de diciembre pasado y el 23 de ese mismo mes fue puesto bajo arresto domiciliario. Ahora el Vaticano ha vuelto a encarcelarle por comunicarse con el exterior, ya que al hacerlo ha quebrantado una de las condiciones en virtud de la cual se le permitió disfrutar del arresto domiciliario en un apartamento del estado Vaticano.
También están imputados la antigua miembro de la misma comisión, la ex relaciones públicas italiana Francesca Chaouqui, el administrativo Nicola Maio, y los periodistas que publicaron el material clasificado: Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi.
El pasado sábado el Tribunal del
Estado de la Ciudad del Vaticano celebró una audiencia a puertas cerradas en la que se examinó una pericia sobre el material informático y la documentación que se aportará durante este juicio penal.
De ese modo acabó un parón procesal que ha durado tres meses y medio, debido a la decisión del tribunal vaticano de admitir nuevas pruebas, como las conversaciones telefónicas y mensajes entre Chaouqui y Maio o las comunicaciones existentes en el ordenador de Vallejo relativas a mayo de 2015.
A Vallejo, Chaouqui y Maio se les acusa de violar el artículo 116 bis, introducido por papa Francisco en 2013 y que contempla el delito de "hacerse ilegítimamente o revelar noticias o documentos de los que está prohibida la divulgación".
Durante los tres meses de interrupción han emergido numerosas incertidumbres sobre el modo en el que podría concluir el juicio, barajándose entre las opciones un posible perdón del papa Francisco.
El pontífice argentino no ha ocultado su malestar por este caso y durante el Ángelus dominical del 8 de noviembre lo calificó abiertamente de "acto deplorable", para expresar después su determinación a continuar con sus reformas.