Seguridad: acuerdo a mitad de camino

El mandatario y los representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria –Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio, Partido Independiente y Unidad Popular– habían acordado el martes considerar tres proyectos de ley sobre seguridad: convertir en inexcarcelable el homicidio simple –previsto en el artículo 310 del Código Penal–, considerar "muy especialmente agravados" los homicidios contra jueces, fiscales, policías y guardias de seguridad, y considerar como "especialmente agravado" el homicidio contra trabajadores que se encuentren en funciones.

Sin embargo, al momento de pasar a la comisión técnica –en la cual el gobierno y los representantes de cada partido se reúnen junto con sus asesores para profundizar sobre lo acordado con el presidente– los diferentes sectores solo lograron ponerse de acuerdo en aumentar las penas para homicidios contra jueces, fiscales y policías, ya que consideraron que son operadores del sistema penal y por tanto la muerte de estos trabajadores estaría directamente vinculada con su labor.

Según informó a El Observador el diputado del Partido Independiente, Iván Posadas, su colectividad no estuvo de acuerdo en pasar a dos años la pena por homicidio simple sin antes considerar algunos casos puntuales de dolo eventual, como por ejemplo cuando un automovilista mata a un peatón.

"Se quedó en seguir discutiendo porque existen dudas. No quedó saldado y va a ser un tema que va a ser reconsiderado la semana que viene", señaló Posadas. Si bien en términos generales todos los partidos coincidieron en avanzar en este aspecto, presentaron dudas sobre cómo hacerlo.

Así, pese a los anuncios del martes, algunos temas no recogen unanimidad. Desde el gobierno se advirtió que en algunos puntos más que un apoyo seguro se transmitió una intención de explorar.

Más agravantes

Además, tampoco hubo respaldo generalizado a la propuesta del Partido Nacional de incluir a los guardias de seguridad privada en el agravamiento como sí se planteó para homicidios de policías, fiscales y jueces, y de considerar especialmente agravado el homicidio de trabajadores. Los partidos consideraron que esas agravantes ya estarían incluidas dentro de los numerales 4 y 5 del artículo 312 del Código Penal.

Allí, el texto señala como agravante el hecho de que el homicidio se haya concretado para "preparar, facilitar o consumar" otro delito, aún si ese segundo delito no se llega a cumplir. Esto cabría, por ejemplo, para un homicidio en el marco de un robo.

El texto también indica que es agravante si el homicidio es para ocultar un delito, para eliminar la prueba o para buscar impunidad. "Además, si entramos a considerar profesiones y profesiones en forma especialísima, ¿dónde se pone el límite?", cuestionó Posadas.

La senadora del Frente Amplio que participó de la reunión, Daniela Payssé, también estuvo en desacuerdo con ese proyecto."A las personas hay que defenderlas por el hecho de ser personas", expresó. La legisladora consideró que es diferente el caso de jueces, policías y fiscales, porque en esas ocasiones es el Estado –y no privados– quien expone a esos trabajadores al riesgo de la muerte.

El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, concluyó que la reunión fue "menos alentadora" que la del martes, porque de los tres proyectos presentados y que en un principio parecían tener apoyo de todos los partidos, al desgranarlos solo uno quedó definido.

De todos modos, advirtió que sobre algunos aspectos su partido seguirá insistiendo, por ejemplo en el caso de agravar los homicidios cometidos contra trabajadores que se encuentran en su rol de trabajo. Los temas volverán a tratarse en una reunión la semana