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Situación de los DDHH empeora cada día
El respeto a los derechos individuales y al orden constitucional sigue deteriorándose en un país sumido en una crisis política
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08 de julio de 2017 a las 15:20
Por Fabiana Culshaw, especial para El Observador
Adopción de decretos contrarios al ordenamiento jurídico, aumento del número de presos políticos, abuso de la fuerza policial en las protestas y manifestaciones callejeras, persecución a dirigentes de oposición y periodistas, son las aristas de un gran puzzle que empuja a Venezuela al desasosiego.
La Asamblea Nacional no pudo culminar su sesión ordinaria de fines de junio debido a acciones de agresión de los funcionarios de la Guardia Nacional contra diputados en el Palacio Federal y posterior asedio de civiles violentos pro-gobierno a la sede.
Esa misma semana también culminó con un saldo de 85 personas asesinadas desde abril (ya son más de 90 hasta esta semana), incluyendo a las víctimas de saqueos. "El deterioro de las garantías de derechos humanos es la regla.
En las últimas semanas, las redadas policiales y militares en comunidades populares dieron origen a denuncias generalizadas de abusos", dijo a El Observador Carlos Correa, director ejecutivo de la ONG Espacio Público Venezuela.
Según un informe del Ministerio Público presentado al Parlamento, se recibieron más de 11 mil denuncias de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos en un año, pero sólo se iniciaron 77 juicios en ese período.
"Casi ninguna de las sentencias y de las órdenes sobre Venezuela dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se cumplió", agregó Correa.
Calculan que los presos políticos superan el centenar.
El caso más emblemático es el del líder opositor Leopoldo López, considerado "preso de conciencia" por Amnistía Internacional.
López lleva ya tres años en una prisión militar por realizar un llamado a protestar en las calles, donde hubo incidentes violentos. El gobierno lo acusa de instigación a delinquir, intimidación pública, daños a la propiedad estatal y homicidio intencional calificado.
Esto, según la ONG Espacio Público, "es totalmente desproporcionado y sin pruebas". Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos coinciden.
Otro caso a destacar es la prohibición de salida del país contra el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, y el secretario de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, por supuestas irregularidades en la recolección de firmas para activar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
"En Venezuela persisten los procesos judiciales contra varios diputados", observó Correa.
El 2016 y lo que va de 2017 van por el mismo camino, con "algunos retrocesos adicionales", advirtió Correa, en alusión a las protestas que se han vuelto cotidianas.
Al cierre de esta edición, el Tribunal Militar había dictado privación de libertad a 27 estudiantes de la Unidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay.
Por otro lado, escasez de alimentos y medicamentos se intensificó de manera alarmante este año, y es el factor principal que desata las protestas. "Se detiene en forma arbitraria a los manifestantes, quienes denuncian haber sufrido abusos por parte de las fuerzas de seguridad", comentó Correa.
Marianela Balbi, directora de IPYS, opinó que "el Estado debería eliminar las normativas que avalan los delitos penales por difamación e injurias".
Algunos casos resuenan, como el del director del diario El Correo del Caroní, David Natera, quien fue juzgado por el supuesto delito de investigar y publicar notas sobre la corrupción en la empresa estatal Ferrominera Orinoco. Fue condenado por difamación e injurias.
Otro caso que llama la atención data de 2016, cuando unos productores audiovisuales fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia por realizar un video en el que se señala que las familias de los militares también sufren por la escasez de alimentos y medicamentos. Fueron acusados de instigación a la rebelión.
Uno de sus máximos puntos ocurrió en 2015 cuando el gobierno prohibió la salida del país a 22 dueños de medios de comunicación acusados de difamación agravada contra el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
Entre ellos, están Miguel Enrique Otero (director del periódico El Nacional) y Alberto Federico Ravel (director del portal La Patilla), quienes por esa causa siguen fuera del país.
El gobierno fundamenta muchas de sus decisiones, "en beneficio del orden o interés público". Este año también se dictó una sentencia que prohíbe la difusión de los saqueos y linchamientos que se están produciendo en las calles.
Adopción de decretos contrarios al ordenamiento jurídico, aumento del número de presos políticos, abuso de la fuerza policial en las protestas y manifestaciones callejeras, persecución a dirigentes de oposición y periodistas, son las aristas de un gran puzzle que empuja a Venezuela al desasosiego.
La Asamblea Nacional no pudo culminar su sesión ordinaria de fines de junio debido a acciones de agresión de los funcionarios de la Guardia Nacional contra diputados en el Palacio Federal y posterior asedio de civiles violentos pro-gobierno a la sede.
Esa misma semana también culminó con un saldo de 85 personas asesinadas desde abril (ya son más de 90 hasta esta semana), incluyendo a las víctimas de saqueos. "El deterioro de las garantías de derechos humanos es la regla.
En las últimas semanas, las redadas policiales y militares en comunidades populares dieron origen a denuncias generalizadas de abusos", dijo a El Observador Carlos Correa, director ejecutivo de la ONG Espacio Público Venezuela.
Según un informe del Ministerio Público presentado al Parlamento, se recibieron más de 11 mil denuncias de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos en un año, pero sólo se iniciaron 77 juicios en ese período.
"Casi ninguna de las sentencias y de las órdenes sobre Venezuela dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se cumplió", agregó Correa.
Entre rejas
El Foro Penal Venezolano determinó que los detenidos en las manifestaciones ascienden a 348 y, por rebelión militar, hay 33 en lo que va del año.Calculan que los presos políticos superan el centenar.
El caso más emblemático es el del líder opositor Leopoldo López, considerado "preso de conciencia" por Amnistía Internacional.
López lleva ya tres años en una prisión militar por realizar un llamado a protestar en las calles, donde hubo incidentes violentos. El gobierno lo acusa de instigación a delinquir, intimidación pública, daños a la propiedad estatal y homicidio intencional calificado.
Esto, según la ONG Espacio Público, "es totalmente desproporcionado y sin pruebas". Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos coinciden.
Otro caso a destacar es la prohibición de salida del país contra el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, y el secretario de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, por supuestas irregularidades en la recolección de firmas para activar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
"En Venezuela persisten los procesos judiciales contra varios diputados", observó Correa.
Marchas y represión
El año 2015 fue alcanzó lo que hasta ese entonces era el récord de denuncias de violaciones a la libertad de expresión registradas en la historia de Venezuela por la ONG Espacio Público, con un total de 287.El 2016 y lo que va de 2017 van por el mismo camino, con "algunos retrocesos adicionales", advirtió Correa, en alusión a las protestas que se han vuelto cotidianas.
Al cierre de esta edición, el Tribunal Militar había dictado privación de libertad a 27 estudiantes de la Unidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay.
Por otro lado, escasez de alimentos y medicamentos se intensificó de manera alarmante este año, y es el factor principal que desata las protestas. "Se detiene en forma arbitraria a los manifestantes, quienes denuncian haber sufrido abusos por parte de las fuerzas de seguridad", comentó Correa.
Contra la prensa libre
Durante las protestas entre el 13 y 28 de junio, se registraron 36 atentados contra la libertad de expresión de periodistas, según el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS).Marianela Balbi, directora de IPYS, opinó que "el Estado debería eliminar las normativas que avalan los delitos penales por difamación e injurias".
Algunos casos resuenan, como el del director del diario El Correo del Caroní, David Natera, quien fue juzgado por el supuesto delito de investigar y publicar notas sobre la corrupción en la empresa estatal Ferrominera Orinoco. Fue condenado por difamación e injurias.
Otro caso que llama la atención data de 2016, cuando unos productores audiovisuales fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia por realizar un video en el que se señala que las familias de los militares también sufren por la escasez de alimentos y medicamentos. Fueron acusados de instigación a la rebelión.
Un ataque que tiene larga data
El ataque contra los medios de comunicación independientes tiene larga data.Uno de sus máximos puntos ocurrió en 2015 cuando el gobierno prohibió la salida del país a 22 dueños de medios de comunicación acusados de difamación agravada contra el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
Entre ellos, están Miguel Enrique Otero (director del periódico El Nacional) y Alberto Federico Ravel (director del portal La Patilla), quienes por esa causa siguen fuera del país.
El gobierno fundamenta muchas de sus decisiones, "en beneficio del orden o interés público". Este año también se dictó una sentencia que prohíbe la difusión de los saqueos y linchamientos que se están produciendo en las calles.
