Supervisores de mutualista implicados en estafa al Fonasa

Tres de los procesados son jefes de afiliaciones del Círculo Católico
El procesamiento de tres supervisores del Círculo Católico hace pensar a la Justicia en la participación de la mutualista en las maniobras por las cuales cientos de usuarios fueron afiliados ilegalmente, con el objetivo de cobrar las cápitas que paga el Fonasa por cada afiliado.

Fuentes judiciales dijeron a El Observador que hay involucrados "tres funcionarios con cargos gerenciales en el área de afiliaciones". Según explicaron, los tres –que fueron procesados con prisión– eran encargados de supervisar las afiliaciones y al mismo tiempo eran propietarios de empresas promotoras de afiliación de socios. Cada uno era titular de una empresa distinta, que a su vez eran contratadas por el Círculo Católico para captar afiliados cuando en febrero de cada año se abre el corralito mutual.

Pero, como estaban impedidos de tener empresas, las ponían a nombre de sus esposas o de otros testaferros. De esta manera ellos mismos controlaban las afiliaciones que hacían, arreglaban las afiliaciones irregulares y les daban de baja luego de cobrar las cápitas durante tres meses, antes de que el BPS detectara que esos trabajadores afiliados no aportaban porque no estaban empleados.
Dados los cargos de esas personas en la mutualista, la jueza Julia Staricco y la fiscal Mónica Ferrero investigarán a los directivos para saber si estaban al tanto de lo ocurrido en el sector de afiliaciones. "Seguramente hay responsabilidad administrativa frente a la Junasa y el Ministerio de Salud Pública por la falta de controles. Habrá que ver si esas omisiones desde el punto de vista administrativo configuran un delito", dijo la fuente.

En definitiva –explicó– la jueza y la fiscal tratarán de verificar "si la directiva sabía de esas afiliaciones, ya que obtenían el beneficio de nuevos socios".

Según escribió la jueza Staricco en el auto de procesamiento de uno de esos supervisores, el indagado a través de la empresa Promalar, cobró por la afiliación de los socios obtenidos por la empresa de marketing y promoción de la que era propietario.

Para ello, contrató a cuatro empresas para que consiguieran afiliados, y a su vez también contrató a una mujer en forma independiente. A las empresas les pagaba con factura, en cambio a los otros promotores, que no eran empresas, les pagaba él directamente por cada nueva afiliación.
El afiliador coordinaba el precio con el nuevo socio, de $ 500 a $ 700, luego el nuevo socio entregaba la documentación, se le pagaba el dinero y se lo afiliaba en la mutualista, dándose el alta en el BPS.
El funcionario supervisor del Círculo Católico les dio el dinero a las empresas o personas que afiliaban para él, a fin de que estos entregaran el dinero al nuevo socio, aunque no a todos se les daba dinero.

"Todos los ya procesados admitieron que era una práctica común para captar nuevos socios, y que todos estaban en conocimiento de dicha operativa", escribió Staricco. De eso se valdrá la jueza para escalar en la indagatoria hacia las autoridades de las empresas.

La vicepresidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Rosario Oiz, dijo que "el mayor desafío que tiene la Justicia" es probar si las mutualistas están involucradas. "En las anteriores oportunidades que se hicieron denuncias se terminó procesando a los mandaderos y los grandes no aparecen", dijo.
"Esperamos que esto avance y podamos llegar a saber cuáles son las cabezas. Nunca había habido tantos procesados", destacó.

Al ser consultada sobre si hay pruebas de funcionarios del BPS involucrados, dijo que todavía no, pero que la investigación continúa.

La montaña y el ratón

El presidente Tabaré Vázquez ironizó el pasado lunes en San Luis, antes de la reunión abierta del Consejo de Ministros, sobre la magnitud que se le dio a la estafa al Fonasa y que consideró fue exagerada. El presidente dijo que el tema generó una alarma tremenda "y la montaña parió un ratón".
"De los 31 mil asociados que iba a haber en esta megaestafa, fueron 600, y de los US$ 5 millones que iba a perder el Estado, quedaron en US$ 30 mil. No hay que magnificarlo", señaló.

El mandatario consideró importante dar libertad de acción a los afiliados y adelantó que el Ministerio de Salud Pública está trabajando en eliminar el llamado "corralito mutual", pero con medidas que protejan al sistema.

Sin embargo, Oiz dijo a El Observador que el monto de la maniobra "todavía no esta totalmente cerrado". Explicó que en las denuncias penales que el BPS presentó a la Justicia se incluyeron unas 500 afiliaciones truchas al principio y luego se sumaron 100 más en una segunda denuncia.

"Seguimos manejando cantidades chicas pero preliminares en todos los lugares, la investigación sigue. No va a llegar a la dimensión que se manejó en un primer momento pero no se puede decir aún la cifra", precisó.

Esa segunda denuncia a la que se refería Oiz fue presentada la semana pasada y es por una empresa que hasta el año pasado funcionaba en el rubro de industria y comercio. Según señaló, a partir del año pasado empezó a ser utilizada para esta maniobra. "Se dejó de percibir que tuviera actividad y dio altas y bajas con trabajadores que nunca realizaron actividad en esta empresa", dijo.

Además, según explicó, en ese caso las afiliaciones se realizaban para otra mutualista, no para el Círculo Católico.

Van 13 procesados

A su vez, la Justicia procesó el lunes a la decimotercera persona vinculada a esta estafa. Se trata de la expareja de Christian Martín, quien en un inicio la Justicia señaló como cabecilla de la maniobra y con antecedentes por estafas con tarjetas clonadas. La mujer procesada ahora también había sido procesada en enero junto con Martín por la estafa con las tarjetas, el caso por el cual fue detenido este, que luego confesó la estafa al Fonasa.

Luego de que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central entregó los reportes a la jueza de los movimientos bancarios de cuentas de Martín, descubrieron que esta mujer le había hecho numerosos giros. Fue conducida al juzgado y procesada por coautoría de estafa.
Lo que aún la jueza Staricco no sabe es de dónde provino ese dinero. Según declaró la procesada, se lo depositaba otra persona que la Justicia procura ubicar. Tampoco está claro si provenía de la misma estafa a las mutualistas o de alguna otra maniobra delictiva.

Hasta ahora, si bien la Justicia tiene la sospecha de que existía una organización delictiva, no se ha logrado probar el vínculo entre todos los procesados.

Ayer fueron detenidos y declararon personas que captaban afiliados para la mutualista SMI, antes Impasa. También se indagan afiliaciones truchas realizadas al Casmu y a la Asociación Española. l

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