Suspenderán clases ante futuras alertas meteorológicas de color rojo

El ciclón extratropical del 19 de setiembre, con vientos que alcanzaron los 160 kilómetros por hora, generó pánico y desconcierto, ya que la ciudadanía no tenía claro cómo reaccionar ante el fenómeno climático. Aquel día se buscaron soluciones sobre la marcha y así fueron evacuados distintos edificios, comercios y centros educativos, aunque ocurrió más por instinto y pensando en evitar que ocurrieran muertes como en el temporal similar de 2005, que por una directiva clara. Tras la tormenta, las autoridades de gobierno evaluaron que no se estaba preparado para una situación de ese tipo.

Uno de los organismos que tuvo mayores dificultades para comunicar qué haría durante el ciclón fue la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ya que los padres de alumnos no sabían si enviar a sus hijos a las escuelas y liceos por desconocer si las instituciones permanecerían abiertas. Es que hasta ahora la decisión de dar o no clases se adoptaba sobre la marcha.

De aquí en más la directiva será clara y general: cuando la alerta de riesgo meteorológico sea de color rojo, las actividades educativas serán suspendidas, según estableció el denominado Protocolo de actuación frente a comunicados de alertas meteorológicas de la ANEP, al que accedió El Observador.

Si la alerta es de color amarillo o naranja, los docentes no controlarán la asistencia y la concurrencia de cada alumno quedará a criterio de sus padres.

El documento fue aprobado por el Consejo Directivo Central (Codicen) y regirá desde el 1º de marzo, cuando comiencen los cursos en las escuelas. Los liceos empiezan el 4 de marzo.

Las autoridades señalaron la “necesidad” de formular un protocolo “que permita actuar coordinada y rápidamente en momentos de crisis”.

La suspensión
Las clases solo serán suspendidas previamente en caso de conocer la advertencia de color rojo antes de que comience la jornada.

Si el comunicado es emitido dentro del horario de clase, el protocolo indica una serie de pasos a seguir. Los directores del centro deberán alojar a los alumnos en un lugar seguro. Si son menores de edad, deberán esperar a que los padres vayan a buscar a los niños. Si los estudiantes son mayores podrán retirarse voluntariamente pero, según consigna el texto, lo harán “bajo su responsabilidad”.

El Codicen advirtió que las instituciones permanecerán abiertas hasta que se retiren todas las personas. “En ningún caso los centros educativos desalojarán a las personas en medio de una situación de riesgo, salvo que lo dispongan las autoridades del desconcentrado o sus inspectores, el Codicen, el Comité de Emergencia o el Cuerpo de Bomberos que corresponda, en consideración a los aspectos técnicos que pongan en riesgo la integridad física de quienes en ellos se encuentren”, señala el protocolo de la ANEP.

En el temporal de setiembre, las autoridades de la educación pidieron a los padres, a través de los medios, que no enviaran a sus hijos a los centros educativos, pero cuando comenzó la tormenta, sobre la mañana, ya había jóvenes dentro de las instituciones.
En tanto, tras el imprevisto temporal, la Dirección Nacional de Meteorología emitió al menos cinco alertas rojas antes de fin de año, aunque ninguna tormenta concretó la magnitud de aquella que no se había pronosticado. La efectividad de las alertas emitidas por Meteorología es cuestionada por técnicos locales y extranjeros.
Los daños

La preocupación por cómo reaccionar ante una alerta roja también llegó al gobierno tras el último temporal. Luego del ciclón de setiembre, la Presidencia anunció que para este año elaboraría un manual donde se indicaría cómo actuar en casos de emergencia.
Además, el Poder Ejecutivo lanzará una campaña para explicar cómo se debe actuar ante distintos fenómenos.

Durante el último temporal, el Sistema Nacional de Emergencia registró dos muertes, un desaparecido y 462 evacuados. En esa oportunidad el gobierno convocó a una conferencia sobre el mediodía del miércoles 19 de setiembre y pidió tranquilidad a la población, aunque la mayoría de los ciudadanos ya estaban en pánico.

El servicio público más afectado fue el de UTE, ya que 140 mil hogares quedaron sin luz eléctrica en todo el país. El servicio demoró en restablecerse hasta un mes en algunas zonas de Canelones.

En las localidades rochenses de Lascano y Castillos hubo vientos de hasta 260 kilómetros por hora. En Punta del Este la velocidad del viento alcanzó los 180 kilómetros por hora.

En Montevideo las rachas fueron de entre 120 y 160 kilómetros por hora. Hubo más de 400 árboles caídos, que destrozaron automóviles, y volaron techos de edificaciones. Sobre la rambla hubo autoevacuación en varios edificios. Aquella tarde de setiembre los shopping fueron cerrados, en las facultades no hubo clase, y el servicio de transporte público redujo su capacidad operativa.