Representantes de la empresa Uber se reunieron ayer con la Comisión de Transporte de Diputados, donde presentaron su modelo de negocios y dejaron clara su intención de continuar operando en Uruguay. Diputados procuran que haya garantías mínimas para los usuarios y que se regule el servicio.
"Estamos convencidos de que la aplicación está pasando por encima de la legislación vigente", dijo el diputado por el
Frente Amplio, Felipe Carballo, quien presidió la comisión y presentó a la bancada de su partido un proyecto de ley por el que procura prohibir la utilización de la aplicación mientras se analiza cómo regularlo.
Según Carballo, hay una legislación municipal que debe respetarse, y con esa ley se daría además un marco legal a nivel nacional.
"Este tipo de emprendimientos generan una distorsión importante en el transporte público y vemos que el parlamento no puede estar ajeno", afirmó.
Tanto desde el Frente Amplio como desde la oposición coinciden en que no hay que oponerse a la innovación, pero que debe hacerse dentro de un marco legal que dé garantías.
El diputado por el Partido Nacional Juan José Olaizola afirmó que una de las preocupaciones –y por lo que se cuestionó a Uber– fue por los seguros de los vehículos, que no cubrirían la responsabilidad civil. Algo que, según se desprende de las respuestas de Uber, no está previsto.
Por su parte, el diputado Colorado Adrián Peña señaló que le preocupa "cuáles son las regulaciones que están dispuestos a aceptar".
El gerente de Políticas Públicas de Uber para América Latina, Hugo Rodríguez, declaró a la prensa que la empresa reafirma su "compromiso por una discusión a favor de una regulación en Uruguay" y que esperan poder tener una reunión con las autoridades de la
Intendencia de
Montevideo en las próximas semanas donde presentarán un documento con "posicionamientos puntuales sobre una regulación enfocada en la innovación y en los beneficios para la ciudad".