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Un convenio que ANCAP debe rechazar
La incongruencia del acuerdo salarial en Alcoholes del Uruguay (ALUR) enfrenta al nuevo Directorio de ANCAP a la disyuntiva de demostrar capacidad de gestión o caer en la varias veces repetida incompetencia administrativa del ente petrolero. El ajuste por inflación cada dos meses, acordado por las autoridades de ALUR y su sindicato, ignora en forma extrema las pautas del gobierno de convenios con revisiones cada 18 meses o dos años, como forma idónea de combatir la inflación. Es aun peor que la perniciosa concesión reciente del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, al sindicato municipal de ajustes semestrales en frustrada búsqueda de paz sindical. La ministra de Industria, Carolina Cosse, ya le transmitió el desacuerdo gubernamental al Directorio de ANCAP, al que le compete ratificarlo pero que mal puede eludir rechazarlo.
ALUR es desde hace años un desastre estrella en las pérdidas y déficits operativos de ANCAP, dueña del 90% de las acciones de esa subsidiaria, estatal pero que funciona bajo el derecho privado. La empresa tiene cuatro plantas dedicadas a la caña de azúcar y la fabricación de alcoholes y biocombustibles, con algo más de 800 empleados y 1.200 cañeros zafrales. Para disfrazar los balances de una operación consistentemente deficitaria, ANCAP la subsidia pagándole desde hace mucho tiempo sobreprecios por su producción. La oposición ha señalado que ese subsidio para mostrar a ALUR con un superávit ficticio le ha costado a ANCAP US$ 100 millones, una quinta parte de la capitalización del ente petrolero que hizo recientemente el gobierno para paliar años de administración deficiente.
ALUR ha figurado en forma prominente en las denuncias de todos los partidos opositores ante la Justicia penal, actualmente en trámite, por claudicaciones y presuntas irregularidades en ANCAP, fundamentalmente durante los años en que el hoy vicepresidente Raúl Sendic presidió el ente petrolero. En el caso de ALUR se ha señalado que la construcción de la planta de bioetanol en Paysandú fue adjudicada a una empresa por US$ 80 millones pero terminó costando casi el doble, uno de los puntos en que los partidos opositores plantearon judicialmente presunción de delito.
Dirigentes opositores han coincidido con el gobierno en la flagrante inconveniencia del acuerdo salarial en esa empresa. El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, lo calificó de muy grave e inadmisible y afirmó que “es una vergüenza que sigan actuando como si nada después de lo que fue el despilfarro de ANCAP”. El diputado nacionalista Pablo Abdala y el senador colorado José Amorín coincidieron en severas censuras y en que el convenio ignora la realidad del actual estancamiento económico del país. Solo el PIT-CNT, como era previsible, ha salido a defender un convenio que horada la política gubernamental para afianzar la leve tendencia actual a la baja de la inflación, para reducir el castigo de este impuesto en el bolsillo de los asalariados de menores ingresos. El nuevo Directorio de ANCAP, que preside Marta Jara, debe demostrar ahora que el nombramiento de esta técnica proveniente del sector privado marca una resuelta decisión de revertir lo que han sido años de errores de gestión (en el mejor de los casos), tendencia nociva que el convenio aceptado por las autoridades de ALUR procura confirmar.
