Un cortocircuito en el gobierno que muestra indecisión sobre Uber

El presidente Tabaré Vázquez aseguró a fines de noviembre de 2015 que el gobierno estudiaría en profundidad la llegada de la multinacional Uber y que se emitiría una resolución "a la brevedad". Sin embargo, luego de dos meses del desembarco de la aplicación que tanta molestia generó en las autoridades, la resolución no ha llegado y ante la pasividad del gobierno, los conductores de Uber continúan sumando kilómetros.

Esa falta de decisión sobre qué hacer ante la llegada de la multinacional y el no tener una respuesta clara sobre la legalidad o no de la empresa que ofrece servicio de transporte, quedó en evidencia con el cortocircuito generado entre el ministerio de Transporte y el Banco de Seguros del Estado (BSE), que había presentado una póliza a medida para los conductores de Uber.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, salió al cruce de la decisión del BSE y advirtió acerca de la ilegalidad de ofrecer un seguro para una actividad que se da "por debajo de la mesa" y para la que no se exige a los conductores tener un permiso profesional.

Así, el ministerio de Economía acordó con el BSE suspender la emisión de esas pólizas hasta tanto el Poder Ejecutivo se expida sobre las normativas a aplicar a Uber, dijo a El Observador el presidente del BSE, Mario Castro. Desde el ente se afirma sin embargo que el seguro es legal y que se trata de un producto más.

Consultado por El Observador el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, explicó que se busca esperar por la resolución de la comisión y tener una postura del gobierno, y que el BSE no había comunicado al ministerio previamente sobre la nueva póliza.

Si bien existen conclusiones preliminares, la comisión no ha dado a conocer la normativa a aplicar, y las dudas continúan. "La primer hipótesis del Poder Ejecutivo es que (Uber) no está permitida.

Efectivamente el funcionamiento desde el punto de vista de las intendencias no está permitido, y desde el punto de vista legal diría que no está previsto, pero hay una especie de vacío legal, donde puede haber más de una interpretación, que es lo que terminó sucediendo, dijo a radio Carve el presidente del BSE, Mario Castro.

Uber empezó a operar en Montevideo el 19 de noviembre. El gobierno tildó de inmediato a la actitud de la empresa como "lamentable" y advirtió que en Uruguay había un marco legal que la multinacional debería respetar. El 23 del mismo mes, Vázquez anunció que se esperaba "a la brevedad" una resolución de la comisión interministerial creada con urgencia para abordar el tema en profundidad,

que todavía no ha llegado.

La Intendencia de Montevideo, en tanto, comenzó a fiscalizar a los conductores, y anunció que se trabajaría en conjunto con el gobierno para controlar los servicios de Uber. Por su parte, ante las presiones de taxistas, la empresa anunció que llegó para quedarse y que no se dejará intimidar.