Un cuarto de jóvenes infractores cumplió plan para evitar reincidir

Desde setiembre de 2015, acompañar a los adolescentes privados de libertad que egresan de centros de reclusión en su reinserción dentro de la sociedad pasó a ser un nuevo objetivo del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). A través del Área de conflicto con la ley, el organismo cuenta con un programa de acompañamiento al egreso por el que se trabaja con jóvenes para que trabajen o estudien al momento de quedar en libertad.

Un año y dos meses después de que el INJU tomara la posta en el tema, el programa trabajó con 200 jóvenes, 106 que egresaron de un centro del Instituto Nacional de Inclusión Adolescentes (Inisa) siendo mayores y 94 cuando eran menores. De los 200, 70 están en este momento bajo el programa y 53 lo completaron, es decir que lograron realizar una pasantía laboral o continuar con sus estudios, según cifras primarias del INJU a las que accedió El Observador.

Si bien para las autoridades, los datos reflejan que en estos 14 meses el programa se puede definir como "bueno", el porcentaje de quienes lo rechazaron o abandonaron es alto: 24% abandonó una vez iniciado y 10% lo rechazó cuando un equipo de INJU fue al centro donde se encontraba para ofrecerle el acompañamiento en su reinserción social.

El director del INJU, Santiago Soto, explicó a El Observador que al tratarse de programas que trabajan en "situaciones difíciles, no es de esperar 100% de efectividad". "Estamos teniendo relativamente buenos resultados, pero en esto no hay fórmulas mágicas", indicó.

El programa trabaja en coordinación con Inisa y el Instituto del Niño y Adolescente del Urguay (INAU) y tiene seis meses de duración, además de un mes y medio previo al egreso en el que los educadores trabajan con los jóvenes en el centro en el que están recluidos.

El INJU posee acceso a la base de datos de quienes están por egresar o que lo acaban de hacer para poder captarlos, ya que se trata de un programa en el que ir a buscar a los adolescentes es la clave.

A pesar de trabajar coordinados, los organismos no tenían un convenio firmado que respaldara el trabajo que realizaban. Esa realidad cambió el jueves, cuando el Mides firmó un convenio con Inisa pensado específicamente para realizar pasantías laborales. La coordinadora del Área conflicto con la ley del INJU, Claudia Viñoles, dijo a El Observador que el convenio "formaliza" las tareas que se veían realizando desde el año pasado. "El foco está puesto en los que egresan con una pasantía porque muchos organismos (donde se realizan las prácticas de trabajo) planteaban a Inisa que nadie se hacía cargo de los jóvenes. Ahí es donde entramos en juego", señaló.

Además del convenio firmado el jueves, el Inju prepara uno nuevo del que también participará el INAU para poder abarcar a más adolescentes. El Mides, a través de su área de monitoreo y evaluación, pretende conocer qué sucede con los jóvenes una vez que egresan del programa, algo que todavía no ha podido analizar. El director del INJU destacó que la firma del convenio y el programa en sí mismo son "parte del compromiso asumido" por el organismo para "mejorar la inclusión social y la seguridad y convivencia ciudadana", mientras se estaba en la campaña por el No a la baja.

A su vez, existe otro programa que capta a aquellos adolescentes que tienen anotaciones en comisarías, lo que significa que fueron detenidos e indagados por presunción de delito, pero nunca ingresaron a un centro de reclusión.

El programa trabaja en coordinación con el Ministerio del Interior en las seccionales de La Teja, Punta de Rieles y Malvín-Unión con unos 40 jóvenes por seccional.