Uruguay entregó la presidencia del Mercosur y pide que asuma Venezuela

El gobierno dio por terminada ayer viernes su presidencia pro témpore del Mercosur y envió el informe de gestión final a los socios del bloque en una comunicación oficial.

"Uruguay entiende que al día de hoy no existen argumentos jurídicos que impidan el traspaso de la presidencia pro témpore a Venezuela", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado de prensa. Además se señala que Uruguay actuó en todo momento en apego al derecho internacional, la normativa institucional y la soberanía de los otros estados.

La cancillería uruguaya se aferró al artículo 5 del Tratado de Ouro Preto que establece que la presidencia será ejercida por rotación, en orden alfabético y cada seis meses. Uruguay asumió el mando del bloque el 22 de diciembre de 2015 de manos de Paraguay. Esa fue la última vez que los presidentes del bloque se habían reunido en el Consejo del Mercado Común. Con el plazo de seis meses agotado (por no decir excedido) y ante la parálisis política del bloque, que es incapaz de convenir una reunión, la diplomacia uruguaya no vio ninguna otra alternativa que trazar su propia línea divisoria.

Prueba de esa paralización es el informe final de Uruguay, que en 12 ocasiones establece que hubo acuerdos alcanzados en distintos ámbitos que no se pudieron formalizar "dado que no se llegó a un consenso entre las delegaciones sobre el traspaso" de la presidencia pro témpore.

El plan original del gobierno era realizar el pasaje hoy en una reunión en Montevideo. Pero el martes 26 la cancillería recibió la notificación de Brasil y Paraguay de que no acudirían a la cumbre, razón por la cual la diplomacia uruguaya decidió cancelar la cita dado que el Consejo requiere la presencia de todos los estados parte.

La discusión que el resto de los socios querrán abrir ahora es si Uruguay hizo un acto de entrega del mando del bloque y, en todo caso, a quien le corresponde asumir el liderazgo de la organización.

Las lagunas jurídicas del Mercosur empantanan el debate. En ninguno de los tratados que le dan marco legal al Mercosur existe una norma expresa en cuanto a la forma que se debe transferir la presidencia pro témpore.

La costumbre, que es fuente de derecho internacional, instituyó al Consejo del Mercado Común como el ámbito en el que se realizaban los cambios de mando. Por este motivo, la diplomacia uruguaya argumentaba que el traspaso de la presidencia no es automático, sino que requería de un acto jurídico en particular. Esta lectura posible no está constituida en el ordenamiento legal del bloque, que en ningún momento hace explícito los mecanismos de transferencia.

Aún cuando se reconozca que Uruguay hizo un acto de entrega, la cuestión de quien preside polarizará al bloque. Brasil y Paraguay se niegan a que Venezuela asuma el liderazgo del Mercosur. Los argumentos que pusieron delante de esa postura tienen un carácter jurídico y político. Desde el punto de vista orgánico, entienden que Venezuela aún debe regularizar su situación como miembro pleno del bloque. En los últimos diez días el gobierno de Nicolás Maduro dio algunos pasos en esa dirección, por ejemplo con la aprobación del arancel externo común.

Sin embargo, para la cancillería uruguaya el pretexto jurídico no es más que una "excusa" que esconde, a medias, diferencias políticas. De hecho, Venezuela ya ha presidido el bloque sin que se hayan presentado objeciones en ese sentido de parte de el resto de los socios.

Parte de esas discrepancias políticas han quedado explícitas cuando Brasilia y Asunción manifestaron que Caracas no debería asumir el mando del bloque debido a su crisis interna. En tal caso, el resto de los miembros del Mercosur deberían consensuar la aplicación de la cláusula democrática prevista en el protocolo de Ushuaia I si entienden que existe riesgo de ruptura institucional. Pero, al parecer, tampoco hay anuencia para tal medida.

El gobierno uruguayo entiende que en Venezuela no hubo un quiebre o ruptura institucional, por lo que no hay elementos para aplicar la cláusula.

La postura de Argentina en este tema no es del todo claro. En particular, por las diferencias que públicamente se exhiben entre el presidente, Mauricio Macri, y su canciller, Susana Malcorra. Mientras que el mandatario mostró dureza y determinación en sus críticas hacia el gobierno de Maduro, su ministra mantiene un tono conciliador.

Con la entrega de la presidencia, Uruguay buscó colectivizar la crisis política para que cada uno de los integrantes asuma su cuota de responsabilidad.

Pero el camino hacia esta decisión fue sinuoso para el gobierno, quien en las últimas semanas recibió presiones provenientes de Brasil y Venezuela.

La prueba capital de esas presiones se ilustraron con dos visitas incómodas. Primero, el Palacio Santos recibió al canciller brasileño, José Serra, que pisó Montevideo por pocas horas con toda su artillería diplomática en un intento inequívoco por impedir que Uruguay le transfiriera el mando del bloque a Maduro.

A los pocos días la sede de la cancillería uruguaya también recibió a la ministra de Relaciones Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez, quien irrumpió en una reunión "informal" del Mercosur en la que había representantes de los cuatro socios fundadores. Ese día, el 11 de julio, fue la última vez que los delegados de los miembros del Mercosur se vieron las caras. La anécdota de ese día fue que los representantes de Brasil y Paraguay se "escondieron" en el baño para evitar cruzarse con la canciller de Venezuela, declaró la propia Delcy Rodríguez, todo un síntoma de las condiciones en la que la organización discutía sus problemas.

El 14 de julio, El Observador publicó la valoración de una fuente del gobierno que identificaba el momento actual como el más crítico del Mercosur desde la firma del Tratado de Asunción. Dos semanas después, y a juzgar por los múltiples intentos de resolución diplomática fallidos, esa visión parece anclarse en la realidad.

Todos saben que el bloque alcanzó un punto de inflexión. Y que para salir de este lugar se necesitará algo más que una decisión política.