Víctimas de delitos violentos tendrán más asistencia estatal

Las autoridades hablan de apostar por un "cambio de paradigma" que logre, por fin, poner a las víctimas de los delitos en el centro de atención, y que el Estado asuma sus responsabilidades por la violencia sufrida.

La Fiscalía de la Nación está en conversaciones con el Ministerio del Interior en busca de lograr acuerdos sobre la manera de incrementar la protección que reciben quienes hayan sufrido un delito violento.

"Con el Ministerio del Interior estamos trabajando fuertemente en ir hacia lo que le llamaríamos un sistema de atención y protección a las víctimas y testigos", dijo a El Observador Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía de la Nación. En los hechos eso implica que el Estado, en sus más variadas reparticiones, "priorice" a las víctimas, algo que hoy no hace.

Por ejemplo, si una persona sufre una rapiña, su mutualista le ofrece un psicólogo, pero el sistema no lo contempla como una situación grave y urgente. Por tal motivo, su solicitud va a la misma lista de espera de cualquier persona.

La intención es que las víctimas de delitos de alto impacto emocional como las rapiñas, los copamientos o los secuestros sean atendidas inmediatamente, sin necesidad de aguardar semanas o meses.

Para reforzar esa atención, la fiscalía contará con un equipo de profesionales que atenderá a los damnificados por la inseguridad. Habrá cuatro asistentes sociales, dos psicólogos y un abogado.
Si bien se trata de un equipo reducido, el interés de la fiscalía es contar con todos los expertos distribuidos en diferentes organismos estatales.

Una nueva responsabilidad

Los cambios que se vienen tienen su sustento en el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que luego de varias postergaciones comenzará a regir el 1° de noviembre. Esa normativa le otorga a la fiscalía la responsabilidad de llevar adelante la política de protección de las víctimas.

Una de las novedades es que los damnificados tendrán derecho a contar con una defensa jurídica gratuita, en caso de que no la pueden pagar. Hasta ahora "estaba la defensoría pública más enfocada en los imputados, no en las víctimas del delito", explicó Solari.

El diagnóstico que realizan tanto la fiscalía como el Ministerio del Interior es que falta coordinación entre los diferentes organismos estatales que actúan cuando una persona sufre un delito. De la mano de una mayor interacción, las autoridades tienen como meta ir hacia una mejor protección a las víctimas mediante un sistema que actúe de forma ágil y eficiente.

Las autoridades dicen que ya hay ejemplos exitosos de mejoras, pero son muy acotados. "Se avanzó muchísimo en delitos particulares, como violencia doméstica. El tema es cómo visualizar las necesidades de protección con otros tipos de delitos", dijo Solari.

El Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (Cavid), una repartición que funciona en la órbita del Ministerio del Interior, coincide en que hay mucho para mejorar en la protección que se otorga actualmente a las víctimas.

Su directora, Gabriela Maidana, dijo que hay varios desafíos por delante, como, por ejemplo, lograr un mayor alcance nacional de la protección.

La jerarca agregó que es necesario lograr un mayor involucramiento de otros actores del Estado (como los ministerios de Vivienda, Desarrollo Social, Salud Pública y los órganos de conducción de la educación) y dejar de lado la idea de que esos asuntos deben recaer solo en el Ministerio del Interior.
Otro asunto que se viene es la adecuación de los inmuebles que el Poder Judicial tiene diseminados en todo el país.

Hoy día, en los juzgados es habitual que se crucen la víctima y el victimario. Mediante un proceso, la intención es adecuar los edificios para que eso no suceda más.

"Que haya un espacio para los niños, que la persona tenga un lugar donde hablar tranquilamente", dijo Solari. La jerarca enfatizó que todas las decisiones van en la línea de que sea más transitable una experiencia tan traumática como la de sufrir un delito violento.

Apoyo económico

Durante el gobierno de José Mujica (2010-2015), el Parlamento aprobó una ley que otorga una pensión a las víctimas de delitos violentos, que se tramita a través del Banco de Previsión Social (BPS).

Parte del financiamiento de ese programa proviene del trabajo que realizan los presos en las cárceles. La norma establece que el 10% de los ingresos salariales que perciban las personas privadas de libertad se destinará al Ministerio del Interior, a los efectos de fortalecer el Cavid.

La ley establece una pensión mensual de seis bases de prestaciones y contribuciones, $ 21.666 según valores actuales. Los beneficiarios son todos aquellos que resulten incapacitados de poder seguir trabajando por haber sido víctimas de rapiña, secuestro o copamiento. A su vez, en caso de un homicidio, el cónyugue de la víctima y los hijos menores también aparecen en la lista de beneficiarios. La norma será revisada. Tanto la fiscalía como el Ministerio del Interior pretenden dar el debate para lograr mejoras y un mayor alcance del sistema.

La encargada del Cavid, por ejemplo, es partidaria de ampliar la lista de beneficiarios. Hoy día, si un joven es asesinado y tiene a sus padres mayores a cargo, no se otorga la pensión, y ese también es un tema a revisar, en opinión de la jerarca.

Solari, por su parte, comentó que ya se produjeron conversaciones en los últimos meses con el BPS para tratar ese asunto. "El cambio del código va a implicar que a todos los servicios que trabajan con personas que pueden ser vulnerables a un delito les va a requerir pensar varias de sus prestaciones y modelos de intervención.

La ley en su momento fue muy buena, tiene prestaciones que para las personas son importantes, pero quizá a la luz de distintas modalidades de delitos está bueno poder pensar cuáles son las necesidades más adecuadas", afirmó.