Venezuela: una realidad, dos versiones

Con pocas horas de diferencia, dos delegaciones de legisladores venezolanos visitaron Uruguay. Unos vinieron en nombre del gobierno y los otros, por la oposición. Se reunieron con políticos y periodistas, y cada grupo hizo énfasis en el asunto que le interesa que quede claro a la opinión pública internacional. Coincidieron en señalar algunos puntos, pero desde ópticas diferentes.

El contexto es la situación política del país, donde el 6 de diciembre la oposición ganó los comicios legislativos y un mes más tarde empezó a integrar un Parlamento de mayoría contraria al presidente Nicolás Maduro. Entre la elección y la asunción, los oficialistas votaron una nueva composición del Tribunal Supremo de Justicia y aplicaron una medida cautelar por la que cuatro diputados electos por la disidencia no pudieron asumir sus cargos.

Esta semana la Mesa de la Unidad Democrática (MUD, alianza opositora) presentó un plan para acabar con el mandato de Maduro. Y este se suma a un proyecto de ley presentado semanas atrás, que propone amnistía y reconciliación nacional.

Ley de Amnistía

Saúl Ortega, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo en conferencia de prensa en la embajada de su país en Uruguay que la propuesta "reedita la impunidad". Su colega Tania Díaz precisó que los opositores "quieren autoperdonarse", porque los que redactaron el proyecto son aliados de los que se verían beneficiados.

Del otro lado Luis Florido, de Voluntad Popular, insistió en una entrevista con El Observador en que la norma "busca la reconciliación de los venezolanos a través de un proyecto que pretende la reconciliación nacional".

Hay una discusión aparte sobre los delitos que exculpa este proyecto de ley. El gobierno alega –y así lo hicieron explícito sus representantes en Montevideo– que se busca indultar a presos comunes, a delincuentes de todo tipo. En efecto, se propone perdonar a responsables de crímenes de incendio de edificios públicos, daños al sistema de transporte, violencia contra la autoridad, entre otros.

Los opositores hicieron una puntualización: "Quien lee fuera de contexto no entiende. Sucede que este gobierno sofisticó tanto la persecución política que le aplicó a los opositores políticos delitos comunes". El texto de la ley hace las precisiones pertinentes y una lectura del proyecto permite comprobar que la amnistía que se pretende se aplicaría solo a los casos de presos políticos, y no de otros delincuentes.

El final del gobierno de Maduro

La oposición anunció que activará tres iniciativas para promover la salida de Maduro del gobierno. La primera, promover su renuncia. La segunda, lanzar un referéndum revocatorio para quie la gente opte por el final de su mandato. Y la tercera, promover una reforma de la Carta Magna para que se acorten los períodos presidenciales y el líder tenga que irse antes de tiempo.

"Es absurdo, es anticonstitucional", calificó la oficialista Díaz. A su entender, no se puede presionar a alguien para que se aleje de un cargo y tampoco sería viable una reducción del período de gobierno, pues la norma no tendría aplicación retroactiva. La única vía liberada sería la tercera.

Pero del otro lado sostuvieron prácticamente lo contrario.

"¿Por qué ellos tienen que adelantarse a una interpretación que el Tribunal Supremo no ha dado todavía?", señaló en entrevista Williams Dávila. Ese organismo tiene la facultad de determinar si es viable o no la alternativa, más allá de lo que diga el Parlamento. "Básicamente, están afirmando que los comisarios políticos van a actuar, que no hay separación de poderes", agregó.

Carlos Valero, también legislador opositor, aseguró que la propuesta de su bloque es "por la vía pacífica, electoral, constitucional y democrática. No puede ser de otra manera". E insistió en que "al gobierno no lo va a sacar la oposición, el gobierno va a salir porque los tiempos están garantizados por la constitución y porque el pueblo no soporta esta situación". Fijó como plazo este año.

Independencia de los poderes

Saúl Ortega rechazó las intenciones de los opositores de forzar la renuncia de Maduro porque, a su entender, en el país hay independencia de los poderes del gobierno. "Los legisladores no pueden juzgar, tampoco pueden coaccionar al líder del Ejecutivo para que lo abandone", indicó.

Dávila negó la existencia de tal independencia y pidió centrarse en los hechos, más que en las palabras. "Si la hubiera, no tendríamos que hacer una gira internacional para buscar la solidaridad de los países de América Latina", comentó. Y luego se refirió a la falta de democracia que, a su modo de ver, hay en el país.

"En Venezuela escasea todo: los productos, los medicamentos... pero también escasea la democracia. Es uno de los productos que hoy menos se conoce en Venezuela. Si el pueblo votó mayoritariamente por una opción y a esa se le quitan sus facultades, ¿cómo se llama eso?", cuestionó.

Víctimas de la violencia y pedido de solidaridad regional

Las delegaciones de venezolanos quieren concientizar a los uruguayos sobre dos asuntos diferentes.

Los oficialistas vinieron acompañados por Desirée Cabrera y Óscar Romero, del Comité de Víctimas de las Guarimbas. Las guarimbas son una especie de barricada que promovieron algunos opositores durante las protestas de 2014. En el marco de esas manifestaciones fallecieron 43 personas y hubo cerca de 800 heridos.

En conferencia de prensa, los miembros del comité presentaron pruebas de la violencia que se vivió esos días y comentaron que su objetivo es desmitificar el relato opositor, según el cual los muertos fueron estudiantes inocentes. Acusan que fallecieron también nueve funcionarios, un fiscal y una maestra. Y aseguraron que había francotiradores y civiles armados. Los políticos condenados por convocar a las manifestaciones "no son presos políticos, son gente que llamó al desastre", comentó Romero, él mismo víctima de una bomba que lo hizo perder la mano derecha.

En el ala opositora insistieron en la búsqueda de la solidaridad internacional ante su inminente reunión con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Allí, el 15 de este mes evaluarán la posible activación de la Carta Democrática Interamericana, un mecanismo que se aplica en el caso de que se produzca una ruptura del proceso político.

Su principal argumento es que, con las moificaciones normativas de último momento, el Ejecutivo cercenó el poder del Legislativo electo y resulta que hay una "demanda de cambio insatisfecha", al decir del legislador Luis Florido.