A medio camino entre la "consolidación fiscal" y el "tarifazo"

La ejecución del ajuste fiscal reaviva el debate sobre las consecuencias y oportunidad de las medidas
Nuevo año, nuevas tarifas y nuevos impuestos. Pero también viejas excusas y antiguos reproches. La segunda etapa del ajuste fiscal del gobierno se puso en marcha en los primeros días de 2017 y eso llevó a militantes de la oposición y del oficialismo a abrir fuego en tertulias y redes sociales. Lo que hasta ahora eran anuncios e insinuaciones se materializó en una suba de tarifas y un aumento de impuestos para los hogares con el atenuante de una baja de IVA para compras con débito.

El gobierno niega el ajuste –prefiere hablar de "consolidación fiscal"–, se escuda en que la suba de tarifas está en línea con el aumento del costo de vida e intenta tapar con un manto distribucionista –paga más el que tiene más– el hecho de que la carga fiscal a los hogares uruguayos aumentó con el cambio de año.

Las autoridades contraponen estos efectos sobre el bolsillo con el aumento de salarios y pasividades en el último año y le restan importancia a las consecuencias que tendrá la suba de impuestos y tarifas sobre la actividad económica.

Por su parte, la oposición no escatima en adjetivos. Habla de "tarifazo" e "impuestazo" y se aferra a aquel discurso de campaña en que el entonces candidato Tabaré Vázquez realizaba una apuesta arriesgada –y a la postre desacertada– al asegurar que no subiría impuestos si el Frente Amplio mantenía el poder. Habla del efecto recesivo de este ajuste y lo atribuye a errores de gestión de los primeros dos gobiernos de izquierda.


Como es habitual cuando la economía se entrevera con la política, la interpretación está a mitad de camino entre lo que proponen el gobierno y la oposición. Pretender que un aumento de la carga impositiva y un incremento de las tarifas públicas por encima de los costos operativos de los entes no sea calificado como un ajuste fiscal es una batalla perdida de antemano para el gobierno. También lo es darle al ajuste fiscal una magnitud que no tiene. Por más que existe una clara intención recaudatoria detrás de la suba de precios de los servicios públicos, calificarlo de "tarifazo" es a todas luces un exceso.

El gobierno dio cuenta de su afán fiscalista a la hora de fijar las nuevas tarifas públicas, pero ese objetivo se vio limitado. Obligó a la mayoría de las empresas a aumentar sus precios por encima de lo que marcan los fundamentos del negocio y en su conjunto se aseguró que mantuvieran en términos reales la utilidad que vuelcan a rentas generales. Pero evitó llegar a un aumento de las tarifas públicas por encima de la inflación y que, en el presupuesto familiar, el gasto destinado a estos servicios se lleve un porcentaje mayor del total del ingreso. Eso puede calificarse como un ajuste fiscal, pero no un "tarifazo".

En tanto, el aumento de impuestos que entró a regir con la última Rendición de Cuentas el 1º de enero conduce a un ajuste del balance público necesario y oportuno. Pero eso no quiere decir que sea el ajuste adecuado. Dos tercios de la reducción del déficit fiscal que el gobierno prevé hasta el final de su mandato recaerá sobre el sector privado. Y si bien las autoridades le dieron una impronta distribucionista en su aplicación directa –es decir, el aumento de impuestos es mayor conforme aumentan los ingresos familiares–, no es tan claro que esté exento de externalidades negativas para el resto de la población. En la medida en que la clase media-alta –que percibe ingresos suficientes para satisfacer adecuadamente sus necesidades, pero no cuenta con una fuerte capacidad de ahorro– empiece a restringir su gasto, va a afectar las fuentes laborales de familias de menores ingresos.


El gobierno optó por hacer un ajuste fiscal, lo cual es una decisión difícil de tomar para cualquier administración porque implica afrontar en mayor o menor medida un costo político –punto para la responsabilidad–, pero eligió el camino fácil para llevarlo a cabo. Evitó ir al choque con intereses corporativos e imperativos ideológicos al decidir mantener prácticamente sin cambios la estructura del gasto público y ese es un pecado que tendrá un costo en materia económica. Prefirió consolidar un nivel de gasto por encima de las necesidades del país en lugar de apostar por una mejora de la eficiencia de un Estado.

El ajuste fiscal era necesario, pero entre todos los ajustes posibles el gobierno eligió uno difícil de digerir. Eso genera un entendible malestar en los uruguayos –más allá de la excesiva respuesta de la oposición que, al igual que el gobierno, atiende su juego de cara a 2019– con el cual las autoridades no están sabiendo lidiar. Ante las críticas reaccionan negando una realidad ostensible. En un intento por reducir el costo político de la medida, el gobierno embarga su credibilidad.

La comunicación de un ajuste fiscal es fundamental para asegurar su viabilidad y acotar los efectos negativos que tiene sobre la confianza y las expectativas, que rápidamente se trasladan a decisiones concretas de postergar gasto e inversión. En un ajuste fiscal, es tan importante el cómo que el cuánto. Para alimentar la incipiente recuperación de la economía se requiere un fino ajuste en la manera de implementar las políticas públicas.

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